Ante un nutrido público, el Dr. Manlio Fabio Casarín León investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, al dictar la conferencia: “La enseñanza del derecho con pertinencia cultural y calidad para la formación integral de abogados desde el enfoque del pluralismo jurídico”, organizada por la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural y la Vicerrectoría Campus UV Poza Rica Tuxpan, el pasado viernes 17 de marzo en el auditorio del Museo Teodoro Cano en Papantla, sostuvo que la Licenciatura en Derecho con enfoque de Pluralismo Jurídico que la UVI oferta en su Sede de Espinal, es un “proyecto ambicioso” propuesto por la Universidad Veracruzana, al darle un nuevo enfoque y perspectiva a la enseñanza del derecho, para adecuarla a las circunstancias sociopolíticas del México actual y el mundo global.
Enfatizó que la oferta del nuevo programa educativo se inserta en el nuevo modelo de la ciencia jurídica mundial, ante situaciones que exigen replantear la enseñanza del derecho, donde la formación ya no sólo es disciplinar, aquella que sólo prioriza el estudio de las diferentes materias del derecho: civil, penal, romano, etc., que requiere nuevas herramientas para el ejercicio profesional del “nuevo abogado”, ante el cambio de paradigmas que transformó la ciencia jurídica. La cual privilegiaba una perspectiva legalista basada en el espíritu del legislador.
Durante el Estado Legalista, “ley y derecho significaban la misma cosa, porque desde una visión legalista, se veía como algo perfecto. El derecho y la ley ya no pueden ser la misma cosa, luego de que se inauguró el Estado Constitucionalista Democrático”. Al surgir el condicionamiento de los poderes públicos-políticos, también la ley debe vincularse a principios y valores de la constitución para que repercuta positivamente en la sociedad al regularla armoniosamente.
Aclaró que la parte axiológica de los derechos humanos en la constitución mexicana conduce aun acotamiento del Estado, lo obliga a una nueva orientación y práctica del operador jurídico, el juez. Pero las implicaciones de haber incorporado el derecho internacional de los derechos humanos no acaban de ser entendido por los tres poderes y niveles de gobierno mexicano, pues “las estructuras socio-jurídicas del Estado de derecho están rebasadas”.
Por lo tanto, se requiere de un defensor jurídico que obligue a redimensionar el papel del juez, para que este controle la norma si es contraria o violatoria de los derechos humanos. El profesional del derecho debe habilitarse para entender, que las exigencias de concretar los principios y derechos de la constitución, sólo será posible al fundamentarlo y ejercerlos a partir de una nueva práctica profesional, que “rompa con paradigmas y sentencias de machote, con resoluciones predeterminadas, para frenar la inercia de la política pública y del trabajo legislativo”.
Casarín León señaló que el abogado debe entender este cambio de paradigma del estado legalista al estado constitucional democrático. Pues, en el primero, las garantías individuales valían en función de la ley, porque el legislador le imprimía límites. En tanto que con el Estado constitucional democrático “la ley vale en función de los derechos humanos”. El abogado que hace un ejercicio profesional no puede encasillarse, necesita fundamentar la defensa de los derechos humanos en los principios y valores de la constitución mexicana, para defender la dignidad de la persona y una mejoría en la calidad de vida, y con ello, causar ánimos de trasformación en el operador jurídico que lo lleven a cambiar o a redimensionar su papel.
En este sentido, dijo, el pluralismo de diversa índole en el contexto multicultural: político, sociocultural, jurídico, como el de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, debe impulsarse con la formación de un nuevo abogado con enfoque de pluralismo jurídico, en diversas materias del derecho al: desarrollo sustentable, la protección del patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y cultural; y los derechos del consumidor. Asociado al logro del “mínimo vital” de los Derechos Económicos Sociales Culturas y Ambientales, pues, es deber del Estado garantizar a los ciudadanos, el acceso a la: salud, educación, cultura, el desarrollo económico que no contravenga derechos humanos, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios en relación a la propiedad y acceso a sus tierras.
Por ello se debe formar abogados para el redimensionamiento de la práctica jurídica: “que promuevan la concreción de los Derechos Humanos, si esto no se hace, no pasaremos de la formalidad y la homogeneidad”. El nuevo abogado debe incidir en la defensa de los derechos humanos con decisiones ponderadas, que amalgame el interés público del Estado con el interés del individuo, a fin de elevar el nivel de acceso a la justicia.
Finalmente, el Dr. Casarín León, expresó que es una equivocación sostener que “la clave es cumplir la ley”, pues lo importante no es solo la legalidad, sino el “control democrático” que acote a los operadores jurídicos y la acción estatal; para ello, ante la formalidad de foros y consultas, que induce la pasividad del ciudadano, es necesario cambiar el sentido de la consulta para promover la democratización del sistema, mediante el referéndum que refleje la pluralidad de la sociedad, pero también, ésta asuma la responsabilidad de los costos de sus decisiones. La salvaguarda de la tutela de los DDHH, exige un rediseño de las instituciones políticas y jurídicas que aseguren “maximizar el control ciudadano y la participación ciudadana, para que surja un estado multicultural”.
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– «La práctica y enseñanza del Derecho deben reorientarse: Casarín León»
Daniel Bello López
Marzo 17, 2017
Poza Rica, Ver.