Amparo Garrido
Los días 17 y 18 de agosto en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) se ofreció el curso “Metodología para la evaluación del impacto social”, con el objetivo de fortalecer las capacidades de esta casa de estudio, de las comunidades locales y de algunos investigadores de diferentes regiones para hacer o participar en evaluaciones de impacto social con relación a la reforma energética.
Sebastián Pérez Peláez, director de Latin American Operations y quien impartió el curso, afirmó que las comunidades deben estar cada vez más involucradas en cómo se hace la gestión del desarrollo. La Universidad, como un ente local, tiene una responsabilidad casi natural de vinculación con las comunidades, y éstas tienen que ser parte de este nuevo proceso y formar redes y alianzas con los profesores e investigadores.
La organización del curso estuvo a cargo de la Dirección General de Vinculación, en coordinación con Julio César Castañón Estrada, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien comentó que tanto en el organismo que representa como en la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) ven a las reformas estructurales que emitió el gobierno federal como un área de oportunidad para las universidades, especialmente en el área de energías.
“Por lo anterior, buscamos que las universidades se inserten en estos nuevos procesos, como la evaluación del impacto social, ante ello conocimos la trayectoria que la consultoría Equitable Origin tiene, hicimos contacto con ellos y nos convertimos en aliados estratégicos para generar productos que beneficien a las universidades.”
ANUIES, FESE y Equitable Origin presentaron un proyecto de capacitación para universidades públicas ante la Fundación Mitsubishi, la cual autorizó su apoyo para capacitar a cinco universidades mexicanas: la Autónoma de Campeche, Autónoma del Carmen, Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma de Tamaulipas y la UV.
Pérez Peláez indicó que con la reforma energética, “Sudamérica, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia nos indican que las universidades tienen un rol preponderante que jugar a la hora informar sobre cuál es el estado del territorio en lo social y lo ambiental, qué condiciones de salud hay hoy en día, cuáles son las necesidades de educación”.
Agregó que como actor neutral e intelectual con las capacidades científicas, con los recursos necesarios y la experiencia, las universidades se constituyen como un ente legítimo a la hora de estar involucrados en la gestión territorial de los recursos.
Cabe mencionar que en la clausura del curso Rebeca Hernández Arámburo, directora general de Vinculación, entregó constancias de participación a los académicos, investigadores y representantes de comunidades que asistieron.