Martín Aguilar Sánchez, del IIH-S
David Sandoval Rodríguez
Martín Aguilar Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), expresó que los movimientos sociales de protesta y manifestación generados a partir de las reformas energética y educativa, así como el incremento de la inseguridad, han evidenciado que en Veracruz persiste un sistema político autoritario que inhibe la participación ciudadana.
El investigador inauguró el 24 de mayo el Coloquio “Protesta social, territorio y reconocimiento de derechos” que organizó el Cuerpo Académico (CA) Estudios Socio-Históricos Comparados del Cambio Político, en el marco del Doctorado en Historia y Estudios Regionales, el cual continuó el miércoles 25 con la participación de 11 ponentes en total.
Aguilar Sánchez destacó que los objetivos principales del encuentro son: conocer los análisis y reflexiones en torno a la temática; publicar un libro que difunda los trabajos “que reflejan parte de la problemática de la realidad veracruzana y de otros estados como Tabasco y Chiapas; así como analizar el papel de los sujetos sociales, para saber si éstos sólo se resisten o construyen también alternativas sociales o políticas, de construcción de vida”.
El investigador agregó que en este panorama de inseguridad tan grave, de violación a los derechos humanos en Veracruz, es muy difícil plantear respuestas en la organización y en la protesta social.
A pesar de ello, dijo, existen ciudadanos que organizan sus propias redes porque no hay respuesta del Estado y fundamentalmente quieren denunciar la problemática a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, los ciudadanos tienen miedo de articularse en ese tipo de movilizaciones pues sienten que puede tener repercusiones, lo cual le parece “un aspecto muy complicado y muy grave”.
A continuación, el investigador presentó su ponencia “Protesta social en el contexto autoritario veracruzano: 2000-2014”, en la cual puntualizó que cuando se estudian los movimientos de acción colectiva pocas veces se vinculan con el sistema político: “A mí en lo particular me parece muy importante vincular porque la protesta está condicionada por este marco”.
En Veracruz, continuó, “tenemos un sistema político autoritario y, más allá de que no ha habido alternancia a nivel estatal, ahora estamos en pleno contexto de las elecciones, por lo que me parece que el debate sobre la alternancia ahora se queda corto pensando que pudiera plantear un proceso de democratización”, explicó.
Aunado a lo anterior, entes como el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), antecedente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al igual que los medios de comunicación, han estado bajo el control del Poder Ejecutivo.
“Otro aspecto, ahora muy complicado, es que en el sistema político veracruzano es muy difícil diferenciar los límites entre la delincuencia organizada y la clase política, hay un problema en la cuestión de inseguridad, de tal manera que las instituciones de seguridad a nivel estatal no garantizan la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos.”
A ello se suma la relación histórica con las organizaciones corporativas como los sindicatos y confederaciones, tal vez con menor solidez; no obstante, se sigue manteniendo un control o se recupera el control político por mecanismos de compra de votos.
En este contexto, se desarrolla la protesta social que agrupó en distintas vertientes: por un lado, la protesta socio-ambiental, la protesta en diversas regiones indígenas, la protesta y resistencias en la industria petrolera, contra la Reforma Energética y contra la contaminación que genera el fracking; está también la protesta contra la inseguridad por parte de los ciudadanos, entre ellos calificó como clave al movimiento magisterial contra la Reforma Educativa, al significar la ruptura del corporativismo.