Aseguró Leopoldo Alafita Reforma Educativa favorece al sector financiero Cambia el estatuto del maestro: de trabajador de la educación pasa a ser un simple prestador de servicio, contratado por horas o plazos, con inestabilidad laboral permanente Karina de la Paz Reyes La Reforma Educativa y sus leyes secundarias deben interesar a la sociedad en general, pues atenta contra la educación pública y el bien común para favorecer las necesidades financieras internacionales, opinó Leopoldo Alafita Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S).

“La privatización de la educación no es que se vendan las escuelas, como el común de la gente pretende entender, es la reorientación de las políticas públicas que ya no tendrán como elemento fundamental preparar a los niños para ser mejores ciudadanos, sino desarrollar las competencias requeridas por los sistemas productivos.”

La Reforma Educativa se promulgó el 25 de febrero de 2013 como una propuesta consensuada por las fuerzas políticas representadas en el Pacto por México. De manera paralela, miles de maestros y maestras de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán emprendieron acciones de inconformidad, sobre todo quienes integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y autodenominada organización que lucha por la democratización de éste) bajo el argumento de que no se les tomó en cuenta.

Como parte de la Reforma, el 10 de septiembre se publicaron sus tres leyes secundarias: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que intensificó y amplió el movimiento magisterial en la mayor parte del país (Veracruz no fue la excepción).

La toma de escuelas y casetas de peaje, el cierre de vías de comunicación y las marchas multitudinarias (en las cabeceras municipales, principales ciudades y capitales de los estados) fueron algunas de las acciones emprendidas por los profesores.

A la fecha las protestas continúan, no obstante el gobierno federal permanece en la postura de que la Reforma Educativa “está vigente”.

Para Alafita, el hecho de que parte del gremio magisterial del país haya decidido salir a las calles es consecuencia de las irregulares gestiones de sus líderes sindicales, pues “no tuvieron otra opción más que defenderse por ellos mismos, hacer cuerpo social en sus relaciones horizontales”.

De ahí que haya sido el gobierno federal y los gobiernos de los estados, en complicidad con los líderes sindicales, quienes situaron a los maestros en este escenario, expuso.

“Lo que tenemos es un movimiento que rebasa a sus dirigentes, a sus propias organizaciones; rebasa la lógica de contención del propio sistema y los gobiernos en todos sus niveles, ni el Ejecutivo ha podido detener esto.”

La propuesta gubernamental
De acuerdo con información de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx/iniciativas/reforma-educativa/), la Reforma Educativa propone modernizar el marco jurídico para una educación de mayor calidad y equidad.

Consiste en cuatro puntos: Crea el Servicio Profesional Docente, que reconocerá la formación y logros de los maestros. Los buenos maestros tendrán la oportunidad de ascender con base en sus méritos profesionales; eleva a rango constitucional al INEE y lo dota de autonomía para medir el desempeño e identificar sus áreas de mejora.

Fomenta la autonomía de gestión de las escuelas y promueve el crecimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo; al tiempo crea el Sistema de Operación y Gestión Educativas, con la obligación inmediata para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes.

Reforma Educativa, punto a punto
Para el investigador del IIH-S, la Reforma Educativa, así como la Laboral (propuesta en el periodo de Felipe Calderón y aprobada por la Cámara de Diputados que fue elegida junto con el presidente de la República actual), la Hacendaria y Energética (en proyecto de iniciativa) buscan recuperar un “presidencialismo que se desdibujó” al inicio de la década pasada.

A la par, son políticas centralistas que están en la lógica de privilegiar las necesidades de los sectores financieros (como los de Estados Unidos) y dejar de lado conquistas históricas y logros que tenían vigencia, como la seguridad laboral.

Precisamente, mencionó, las necesidades financieras internacionales se promueven a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que dio recomendaciones específicas de cómo se debe otorgar el servicio educativo en el país.

Es así que la educación pública mexicana, intrínsecamente ligada con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, será reorientada a “servir a las empresas de más alta competencia”, advirtió; y en consecuencia, el gremio magisterial será trasladado a una condición de total inseguridad, con el único fin de servir en algo que no es de beneficio social, sino financiero, añadió.

Sobre la evaluación al gremio magisterial –el tema más mediático de la Reforma Educativa– consideró que no ve negación de quienes se manifiestan, sino diferencias.

“Me parece que los maestros no se niegan a ser evaluados, a lo que se niegan es a una forma de evaluación que universaliza a los que son distintos. Evaluar a todos por igual hace perder en gran medida la riqueza cultural y regional del país.”

En sus palabras, se trata de una “homogeneidad absurda” que justifica evaluar de la misma manera a un maestro de la colonia de mayor plusvalía en Monterrey y al de la comunidad más marginada en Zongolica.

Detalló que el INEE es una figura centralista, pues define los procesos de evaluación, de ingreso al servicio docente, la selección de maestros que se desempeñarán de manera temporal en funciones técnico-pedagógicas.

También está encargado de la promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente, atribuciones que incluso están por encima de la soberanía de los estados, otorgada por las propias constituciones.

Es decir, el INEE evaluará, decidirá quién ingresa, quién es promovido o removido del servicio docente. Es más, dijo, bajo estas condiciones, se permiten contratos por horas y con ello se fracciona el pago salarial del gremio magisterial.
Mencionó que en un conflicto laboral el sindicato magisterial podía intervenir, incluso eran permisibles los tribunales laborales, pero con la Reforma sólo la Secretaría de Educación Pública y el INEE son los indicados para dirimir y dictaminar sobre el asunto.

Una controversia más de la Reforma Educativa es que entró en vigor de manera general (para trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y de organismos descentralizados), sean de recién ingreso al sistema educativo o tengan 30 años de servicio.

Situación que para el académico es una “retroactividad ilegal”, que está en contra de la propia Constitución.

“Se le cambia el estatuto de ser trabajador de la educación, a ser simplemente un prestador de un servicio, que podrán contratar por horas o plazos, con un riesgo e inestabilidad laboral permanente”, sintetizó.

Otra de las aristas de la Reforma Educativa, explicó, es el retiro de la obligación del Estado para ofrecer recursos y dar el sostenimiento que requieren las escuelas públicas. De ahí conceptos como el de autonomía de gestión de las escuelas, planteado en una de las leyes secundarias.

Dicho planteamiento pone en evidencia que el uso de los recursos públicos (recaudados a toda la población mexicana través de gravámenes fiscales) se determina en esferas internacionales, con el propósito de que responsabilidades como el sistema educativo pasen a ser ciudadanas y no gubernamentales.

El entrevistado admitió que el sector magisterial tenía algunos privilegios, como la venta o herencia de sus plazas, “algo que no debe conservarse”, e insistió en que en la educación pública debe prevalecer el interés colectivo.

¿Respaldo o inconformidad social?
El movimiento magisterial ha causado opiniones contrarias en la sociedad mexicana, hay respaldo y crítica, sobre todo porque el paro indefinido de labores en algunas escuelas mantiene sin clases a niños del país.

Para el investigador, quienes están en contra del movimiento son los sectores más cercanos al ámbito y discurso oficial.

Incluso, dijo, el uso de la fuerza gubernamental para desalojar plazas públicas ocupadas por el movimiento magisterial (como el ocurrido en Xalapa el 14 de septiembre) ha recibido una fuerte condena de sectores sociales que se habían mantenido al margen.

“No debe hacerse uso de la violencia, porque lo que está en la calle no es algo diferente de lo político, porque los maestros no están usando la violencia sino la vía política del espacio público para expresar una inconformidad, es un derecho político, los maestros no están fuera de la legalidad.”

Precisó que estudios realizados en el estado de Veracruz confirman que el maestro es el sujeto social mejor valorado en toda la entidad. Siete de cada 10 personas les dan un valor social de confianza. Por el contrario, 3.5 de cada 10 personas dan voto de confianza a la clase política (funcionarios públicos y legisladores).

“Por eso es que vemos que hay tantos padres de familia, estudiantes, alumnos, gente de la sociedad que se suma a su lucha; en una demanda de diputados en la vía pública queriendo defender la seguridad de sus puestos, a ver quién se le suma. Yo creo que no hay comparación, el maestro es el sujeto social que tiene mejor prestigio y está demostrado científicamente.”

Aunque la Reforma Educativa y sus leyes secundarias ya fueron promulgadas, es posible abrogarlas, pues “la soberanía del pueblo puede ser decisiva para echar abajo no sólo una ley, sino un Estado, y la propia Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, y que en todo momento es posible ejercerla”, concluyó.