El 11 de julio de 1996, en el X Foro Regional de la Consulta Pública para la Reforma del Poder Ejecutivo, Nuevo Federalismo y Reforma Municipal celebrado en la ciudad de Xalapa, el investigador Ragueb Chain Revuelta, en nombre de otros cinco académicos de la Universidad Veracruzana (UV) –Raúl Arias Lovillo, Héctor Amezcua Cardiel, Rafael Villar Aguirre, Alberto Olvera Rivera y José González Sierra–, presentó una ponencia que serviría de justificación al Ejecutivo estatal para anunciar, tres meses después, la autonomía universitaria.
 
A continuación, UniVerso consigna los aspectos más importantes de dicha ponencia.

La autonomía de la universidad y la reforma del Estado

Ragueb Chaín Revuelta*

Es ya un lugar común la afirmación de que en los últimos años se ha desarrollado un nuevo tipo de relación entre la sociedad y el Estado. La profundidad y ritmos de ésta han variado de acuerdo a la diversidad de ámbitos de la vida social y a los diversos actores sociales. Las propuestas de reforma del Estado son muestra de ello.

La educación superior no ha sido ajena al establecimiento de nuevas relaciones. En la década de los setenta predominó una relación de patrocinio benigno que, en general, permitió un manejo discrecional de los recursos sin mecanismos reales de fiscalización y evaluación del gasto universitario.

Si bien ello hizo posible que muchos miles de estudiantes y profesores tuvieran más oportunidades para entrar en contacto con el conocimiento, fue una expansión no regulada en la cual la multiplicación de instituciones, de lugares en las aulas y de los espacios de trabajo académico se impuso sobrepasando los plazos necesarios para la maduración de las nuevas instituciones de educación superior y la reproducción pautada del cuerpo académico.

Los efectos devastadores del crecimiento sin reforma proliferaron en la década de los ochenta con la crisis económica. La drástica caída del gasto público significó la reducción real de los subsidios y trajo como consecuencia el deterioro de la calidad de los procesos educativos y de las condiciones reales del trabajo académico.

Los hechos muestran que el tradicional esquema de relaciones entre Estado y la Universidad ha sido desbordado, al tiempo que marcan la necesidad de un proyecto y alternativas para reformar el sistema de educación superior capaz de hacer frente a la pérdida de las bases financieras y a las demandas de los sectores sociales, que han transitado hacia una mayor exigencia de los resultados de la formación universitaria.

Pero, sobre todo, de dar respuesta al reconocimiento de que no tiene caso fundar en modalidades no reguladas una de las condiciones clave para el desarrollo del país. El conocimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas y se cimenta en las instituciones educativas. De ahí la necesidad de construir un proyecto en el que la producción y difusión de conocimiento sean los ejes de la transformación universitaria.

Recientemente se ha perfilado una propuesta centrada en la construcción de una nueva relación entre las universidades y el Estado, situación que indica que éste reconoce el carácter de bien público de los servicios que las universidades ofrecen y, por lo tanto, contribuye a su financiamiento con claridad de compromisos y tareas comprobables.

La regulación de la niversidad implica aceptar que ésta opere con la suficiente autonomía respecto del Estado y la sociedad. La autonomía, entendida como libertad de pensamiento, cátedra y de investigación y como condición protectora del trabajo intelectual, es una cuestión central para el desarrollo de un ambiente académico de libre cuestionamiento y de indagación intelectual que, al margen de las presiones e intereses grupales o corporativos, permita cumplir con la tarea primordial de contribuir mediante la educación, la investigación y la innovación a la realización personal y el acceso al empleo, a la satisfacción de las necesidades y demandas sociales, a un posible proyecto nacional del desarrollo, y a la capacitación para el ejercicio de la ciudadanía y la promoción de la democracia.

El reto de la Universidad es armonizar los valores de la autonomía con el de la responsabilidad. Equilibrar estos valores en la práctica demanda formas de evaluación de los procesos y productos de la enseñanza y la investigación que involucren a la colectividad académica. Por lo tanto, no se trata de vigilar a la Universidad sino de rendirnos cuentas entre universitarios y, en consecuencia, ser capaces de hacerlo hacia el exterior, trátese del gobierno o de sectores de la sociedad que tienen un interés legítimo en saber lo que hacemos.

Desde un determinado punto de vista la autonomía puede interpretarse en el sentido de una “descentralización
administrativa”, resultado del desarrollo, incremento de servicios y la complejidad de los mismos, que requiere de las instancias especializadas para su atención. Por lo tanto, se le atribuyen a órganos especiales funciones propias del Estado, a los cuales se otorgan poderes de autogestión.

Académicos que lucharon por autonomía de la UV

Así, la Universidad sería un organismo típico de la descentralización. Su autonomía consiste en la capacidad de dictar
normas propias para su funcionamiento interno en conformidad con los fines específicos. En la independencia y el reconocimiento de la capacidad de autogobierno reside la esencia de la autonomía en el plano jurídico.

Se impone reconocer que, en los hechos, la Universidad cuenta con las condiciones para la pluralidad, la libertad de opinión y de cátedra, la posibilidad de ejercer libremente la crítica, incidir en las decisiones a través de la participación y representación en los órganos colegiados, además de la capacidad de proponer iniciativas de ley, otorgada por el Artículo 70 fracción I de la Constitución local.

Sin embargo, también es necesario reconocer la necesidad de garantizar estas condiciones y abrir paso a procesos que representen avances hacia una genuina autonomía y democracia universitaria.

Nos referimos a la necesidad de renovar las formas de gobierno institucional, con el objeto de dar paso a formas de autoridad que, a la vez de gozar de legitimidad, puedan conducir con eficacia y de manera decisiva a la Universidad.

En este sentido, los mecanismos actuales de decisión y designación de autoridades contribuyen a que las relaciones políticas y las disputas por el gobierno institucional no se deriven de la confrontación de proyectos para la institución.

Para la conducción de la Universidad, esta situación tiene como resultante una enorme dificultad para el surgimiento de liderazgos académicos indispensables para avanzar en las reformas, pues no favorece los esfuerzos y las intenciones de aspirar a lograr acuerdos significativos y amplios consensos.

Por otro lado, la concentración de la designación de las autoridades limita las posibilidades –en virtud de su lejanía del poder estatal– de quienes con un prestigio y capacidades académicas reconocidas, desde una posición político-académica, podrían legítimamente aspirar a conducir la institución.

Al mismo tiempo que permanece –y lo digo por no dejar fuera el lugar común– la posibilidad de que el nombramiento recaiga en quien no tiene ni las capacidades ni la vocación necesaria para dirigir la Universidad. Todo lo anterior contribuye al uso patrimonialista de la institución y fomenta el corporativismo, tan ajenos a los intereses y necesidades reales para la transformación universitaria.

En contraste, abrir la posibilidad de nuevas formas en la designación de las autoridades puede implicar procesos de democratización, incrementar la participación de los universitarios, abrir espacios de debate, persuasión, negociación y acuerdo, establecer consensos reales entre grupos, tendencias, órganos dirigentes y miembros de la comunidad, necesarios para una conducción de la institución.

Lo hasta aquí expuesto debe entenderse como un conjunto de argumentos para sostener, en el marco de la Consulta para la Reforma Democrática, que democratizar el gobierno universitario tiene una relevancia. Habrá quienes opinen en contrario, pero de eso se trata: de confrontar concepciones, aspiraciones y hasta intereses, en un marco de pluralidad y respeto mutuo para arribar a consensos para decidir qué hacemos con la Universidad.

En consecuencia, proponemos:

1. Adicionar el inciso f en la fracción XLIV del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado para que especifique que “la Universidad Veracruzana será autónoma, tendrá la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, realizará sus fines de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas, y administrará su patrimonio”.

2. Modificar la fracción XXIV del Artículo 87 en lo referido a la facultad y obligación del gobernador de “presidir el Consejo Universitario y nombrar al Rector del mismo”(sic).

Lo anterior significa elevar a rango constitucional muchos de los aspectos ya sancionados en la actual Ley Orgánica, pero aun así sería necesaria su reforma para hacerla coherente al principio que definiría “la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma”.

Por lo tanto, considerando que mucho del éxito de las reformas dependerá de un proceso confiable, que se caracterice por no estar en relación con intereses de corto plazo o de grupos, proponemos:
En el marco de las normas que rigen a la Universidad, la creación de una comisión de universitarios, en cuya integración tengan el mayor peso posible académicos de larga trayectoria y conocimiento específico de las diversas áreas de conocimiento, misma que, según procedimientos, tiempos y mecanismos que ella defina, elabore una propuesta de cambios a la Ley Orgánica en cuanto a reformar los mecanismos de designación de las autoridades del gobierno institucional.

Por lo tanto, considerando que mucho del éxito de las reformas dependerá de un proceso confiable, que se caracterice por no estar en relación con intereses de corto plazo o de grupos, proponemos: En el marco de las normas que rigen a la Universidad, la creación de una comisión de universitarios, en cuya integración tengan el mayor peso posible académicos de larga trayectoria y conocimiento específico de las diversas áreas de conocimiento, misma que, según procedimientos, tiempos y mecanismos que ella defina, elabore una propuesta de cambios a la Ley Orgánica en cuanto a reformar los mecanismos de designación de las autoridades del gobierno institucional. Asumimos que una reforma valedera debe concebirse y realizarse atendiendo a una democratización adaptada a las condiciones específicas de la Universidad, al contexto social y político, y al régimen jurídico-político que darían origen y garantías a la autonomía.

* En 1996 Ragueb Chaín Revuelta presentó esta ponencia como integrante del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV y miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Consulta para la Reforma Democrática. En la actualidad es Director General de Administración Escolar de esta casa de estudios.