La semana pasada, las universidades públicas del país
lograron remontar un importante trecho en el que se ha convertido
en su mayor obstáculo: el presupuesto. El 15 de noviembre,
el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) dio a conocer
la entrega de recursos extraordinarios por 11 mil 941.7 millones de
pesos para educación superior, lo que representa un incremento
de 16.4 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2007.
En términos de Producto Interno Bruto (PIB), el presupuesto
asignado a las universidades del país pasó del 0.61
por ciento ejercido este año al 0.67 para el 2008, por lo que
el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo,
declaró el 16 de noviembre que se trata del incremento “más
importante que han tenido las instituciones de educación superior
en los últimos años”.
Tanto el secretario general de la ANUIES como el Rector de la UV no
dudaron en calificar el hecho como histórico, toda vez que,
como se sabe, cada año las instituciones de educación
superior públicas se enfrentan a la desgastante situación
de solicitar a los gobiernos federal y estatales incrementos al presupuesto
que permitan atender de forma idónea sus tareas sustantivas.
No obstante, el Rector de la UV llamó a no cantar victoria,
pues los riesgos que enfrentan las instituciones educativas no han
terminado: “Lamentablemente todavía no tenemos la reforma
fiscal integral deseada, por eso necesitamos seguir construyendo acuerdos”.
Las universidades del país se afanan diariamente en mostrar
trabajo y gran capacidad, mientras realizan constantes peticiones
–a través de, por ejemplo, el Consejo Nacional de la
ANUIES– para ser apoyadas con mejores presupuestos y alcanzar
las metas planteadas por Felipe Calderón Hinojosa desde su
campaña por la Presidencia: lograr asignar el uno por ciento
del PIB al presupuesto de las universidades.
El punto de vista académico
Ante esta situación y la urgencia por inyectar más recursos
a este sector educativo, los académicos de la Universidad Veracruzana
(UV) propusieron el impulso de una ley que establezca criterios para
la asignación de recursos y que éstos no se sujeten
a la negociación política o al cambio de prioridades;
de esta forma el financiamiento no dependería de la “buena
voluntad” de los políticos para cumplir su palabra.
Con una ley, las universidades no deberían estar negociando
ni limosneando los recursos año con año. Además,
existe un consenso sobre la importancia de la educación, especialmente
de nivel superior, pero es evidente que hay un problema real entre
la clase política y las prioridades nacionales.
Es
urgente una ley de financiamiento
Del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE), el investigador
Miguel Ángel Casillas Alvarado, experto en el tema de la
educación superior, se pronunció por la creación
de una ley que sentara las bases del financiamiento y que permitiera
a los gobiernos tener una participación mayor o que se involucraran
en programas específicos.
Con una ley no sería posible que el dinero se desviara a
campañas electorales o para cualquier necesidad de orientación
política. Las universidades no dependerían del vaivén
político como si de una secretarías de Estado se tratase.
El financiamiento “tampoco es una cuestión de voluntad
o está ligada al libre albedrío de los individuos,
sino tiene que ser una cuestión formal, institucional y de
certidumbre para cualquier institución educativa”,
expresó.
El impulso de una ley contribuiría a fijar fechas para la
entrega de los recursos, lo que evitaría los atrasos en pagos
a proveedores, desarrollo de proyectos y organización de
eventos, por mencionar sólo unos ejemplos. El director del
IIE explicó que una buena parte de las actividades de la
UV depende de los subsidios y, por ende, de procesos de planeación,
que se invalidan por no contar con el recurso en la fecha acordada
verbalmente.
No contar con suficientes recursos, indicó, “nos obliga
a vender nuestros servicios, lo cual no está mal pero tampoco
somos empresarios académicos; somos investigadores y docentes
cuya orientación principal está lejos de buscar de
dónde conseguimos dinero para realizar nuestro trabajo”,
aseveró.
Detalló que si bien existen numerosos temas de investigación
que cuentan con apoyo financiero, existen muchos otros que no lo
tienen y que por consiguiente tienen pocas posibilidades de crecer
y tener impacto. Por ejemplo, indicó, no hay apoyo para la
teoría sociológica, mucho menos para realizar una
traducción de autores como Durkheim o Weber y ni pensar en
la filosofía. “Nos obligan paulatinamente a abandonar
esos campos de estudio porque no hay dinero para hacerlos”,
aseguró.
Señaló que el dinero destinado a la educación
superior es poco e insuficiente para el tamaño de la tarea
que se debe hacer, entonces ¿cómo se ampliará
la matrícula si no se pueden contratar nuevos profesores?
O bien, ¿de qué manera se elevará la calidad
si los académicos no pueden irse a estudiar un posgrado porque
no hay suficientes becas?, cuestionó.
Compromiso
empresarial con las universidades
A pesar de que la reforma fiscal y el incremento del precio del
petróleo generarán recursos extraordinarios, todavía
está lejos el cumplimiento de la promesa electoral del actual
Presidente de la República de asignar el uno por ciento del
PIB a la educación superior, comentó Alfredo Zavaleta
Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
(IIH-S).
Aunado a lo anterior se encuentra el bajo crecimiento del presupuesto
federal y la sujeción para la entrega de recursos extraordinarios.
Ante tal situación, es inminente el impulso a una iniciativa
de ley que modifique la asignación anual de asignación
de recursos para la educación superior y los consejos nacional
y locales de ciencia y tecnología, propuso el investigador.
Otro aspecto que debería destacarse, indicó, es el
concerniente al compromiso pendiente que tienen los empresarios
locales, regionales y nacionales con la educación superior,
principalmente pública, ya que son las que dotan de cuadros
profesionales a sus negocios.
Alfredo Zavaleta lamentó que las universidades públicas
sufran de presiones y que su desempeño sea visto por el gobierno
como “mediocre”. “El desplazamiento de la UNAM
de los primeros 100 lugares del índice de competitividad
de las universidades del mundo, la presión de los empresarios
para que las instituciones educativas produzcan profesionales que
les resuelvan sus problemas y la demanda unilateral de los medios
de comunicación por transparencia y rendición de cuentas,
son parte de una estrategia múltiple de presión a
las universidades”, declaró.
Más
apoyo para académicos
Para Teresa Montalvo Romero, investigadora de la Facultad de Ciencias
Administrativas, el conjunto de rectores afiliados a la ANUIES –y
propiamente el que está al frente de la UV junto con su equipo
de administración– han realizado un buen papel al gestionar
la obtención de recursos; aunque, precisó la académica,
será muy difícil que se alcance el uno por ciento
del PIB si continúan los incrementos en los productos básicos
y si la prioridad del gobierno sigue sin ser la educación
superior.
Un aspecto en que coincidió Teresa Montalvo con Miguel Casillas
y Alfredo Zavaleta es que si al interior de las universidades no
se trabaja con calidad y se demuestra, será todavía
más difícil conseguir un incremento en el presupuesto
anual. Una forma de impulsar el crecimiento de la institución
es que sus miembros se integren a programas federales como el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Mientras más investigadores en el SNI tengan una universidad,
mayores posibilidades tendrán de obtener recursos extraordinarios,
aseguró la académica. Esto porque gozarán de
la posibilidad de ingresar a más concursos para obtener presupuesto
para sus investigaciones, al tiempo que forman parte de indicadores
que califican satisfactoriamente a la institución de procedencia.
Al tiempo que se incrementa el número de investigadores en
el Sistema, es necesario, indicó, que se reconozca el trabajo
de los académicos que tienen puesta la camiseta de su universidad,
están dispuestos a brindar más tiempo y calidad a
su trabajo y adoptan/adaptan a los modelos educativos en beneficio
de la modernización y pertinencia. Para incentivar la continua
formación de los académicos se deben dar autorizaciones
y apoyos para que realicen posgrados y estancias en otros países.
En cuanto a las tareas de investigación, dijo, se deben implantar
programas para captar a los académicos interesados y a los
recién llegados para formar grupos de investigación
que se conviertan en redes, con lo que se obtendrán mayores
recursos. La Dirección de Investigaciones ya trabaja en este
tema, pero Montalvo Romero enfatizó que debería ampliarse
la convocatoria a investigadores de otros países y mantener
un contacto por medio de las nuevas tecnologías.
La falta de seriedad en la asignación y entrega del presupuesto
a las universidades públicas genera el gran error de la improvisación,
que desemboca en una serie de consecuencias desafortunadas para
la institución. La solución podría llegar por
diferentes vías: con una ley y una discusión nacional
que asegure el incremento al presupuesto; que se llegue a un acuerdo
jurídico que sujete a las administraciones a una auditoría
y control riguroso; y que no se juegue con la Universidad y la opinión
pública al decir que se entregarán recursos extraordinarios
para apoyar a las instituciones, cuando esto finalmente no sucede. |
