Luego
de las pasadas elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación tendrá un papel fundamental para lograr
la gobernabilidad democrática, aunque antes haya sido “ignorado”
y se haya supeditado a la importancia que revisten los acuerdos entre
el poder ejecutivo y el legislativo, aseguró Salvador Martínez
y Martínez, universitario, jurista y ex presidente del Instituto
Electoral Veracruzano.
“Los abogados democráticos de México hacemos votos
para que ese supremo Tribunal ratifique su prestigio en el caso más
difícil de su corta existencia”, dijo al referirse a
la decisión que deberá tomar el TEPJF una vez que analice
las pruebas que la Coalición Por el Bien de Todos, encabezada
por Andrés Manuel López Obrador, ha presentado para
impugnar los resultados de la elección presidencial.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, donde participó
en una mesa redonda que analizó los retos e implicaciones de
la gobernabilidad democrática, Martínez añadió
que el Poder Judicial es “el poder de los abogados” y
reconoció que ante el evidente ejercicio que realizan el ejecutivo
y el legislativo, es claro que el judicial “es un poder que
no se ha ejercido o por lo menos no se ha hecho como es debido”.
Luego de sostener que además del apego a la ley por parte de
gobernantes y gobernados, para forjar la gobernabilidad democrática
es condición fundamental que prevalezcan la justicia social
y el bien común que persigue toda jurisprudencia, aseguró
que es tarea de los juristas abogar por estas aspiraciones del pueblo
mexicano.
“No sólo la siguiente fase del proceso electoral es de
jurisprudencia, sino que la siguiente época de la transición
democrática es la era de la prudencia del derecho, es la hora
en que los abogados ejerzan debidamente su poder”, dijo al referirse
al trabajo que sus colegas deberán realizar en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Partiendo de que el 2 de julio de 2006 se dio apenas el primer paso
de la incipiente democracia mexicana –como sostienen otros analistas–
Martínez señaló que el hecho de que haya votado
un 60 por ciento de la ciudadanía debe interpretarse en el
sentido de que la sociedad quiere el siguiente paso democrático:
un gobierno de y a favor de la mayoría.
“El pueblo ha tenido manifestaciones de unión sólida,
pero es claro que en él predominan los pobres. La consigna
podría ser, ‘no más un gobierno exclusivo para
los empresarios, primero los pobres’, es decir, el siguiente
paso para la democracia mexicana debería ser esta opción
preferencial”, aseguró.
Sin duda, dijo, los pobres son los más interesados en enarbolar
esta bandera, pero si no lo hacen “corresponde a los abogados
blandirla y hacer evolucionar la justicia”. Difícil
no pensar en el 88
Aunque no se refirió abiertamente a la crisis de legitimidad
por la que atravesó el estado mexicano en 1988, luego de
unas elecciones opacadas por la falta de certezas en cuanto al ganador
de la presidencia, Juan Schuster Fonseca, director del Fondo de
Empresas Universitarias, señaló que al pensar en la
situación que hoy atraviesa el país, luego de las
elecciones del 2 de julio: “es difícil no recordar
la elección del 88”.
Dijo que conviene recordar que “en el 88 nos quedamos con
esa gran duda”, y aún con la creación del Instituto
Federal Electoral en 1990, que dio credibilidad a los procesos electorales,
hoy existe la necesidad de una nueva cultura democrática
y una cultura de la legalidad, que va más allá del
cumplimiento de las leyes.
El
voto del extranjero
Por su parte Jorge Scheleske Tiburcio, quien fue Magistrado del
Tribunal de Veracruz, aseguró que el voto de los mexicanos
en el extranjero, con un margen de diferencia tan pequeño,
sí hubiera podido definir la elección, y recordó
las voces que hasta hace algunos meses señalaron que “éste
no era trascendente”.
“Se decía que había 10 millones de mexicanos
por todo el mundo, se esperaba un voto de 4 millones, pero sólo
votaron 33 mil… si esos 4 millones hubieran votado, los resultados
hubieran sido otros”, comentó Scheleske, también
académico de la Facultad de Derecho de la UV.
Dijo que ésta era un arma de la izquierda mexicana, pues
“cuando alguien tiene que dejar su país e ir a otro
a buscar oportunidades de trabajo, tiene implícita la idea
de que no votaría por un partido que no ha hecho nada para
que esto no suceda”, comentó.
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