• Advirtió Yovana Celaya, investigadora del IIH-S
• La documentación contenida en los archivos será sujeta a evaluación para validar si es histórica, pues son parte de nuestra memoria colectiva y el reflejo de nuestra sociedad

Los archivos históricos son el reflejo de nuestra sociedad

Paola Cortés Pérez

Xalapa, Ver., 18/01/2017.- La iniciativa de Ley General de Archivos que se presentó al Senado de la República, pone en riesgo la construcción de la memoria histórica del país y el acceso a documentos que están bajo resguardo en archivos, declaró Yovana Celaya Nández, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV).

Comentó que la iniciativa de ley llegó al Senado de la República el 17 de noviembre de 2016 y 11 días después se presentó en audiencia pública, durante la cual un número considerable de académicos y especialistas de diferentes instituciones expresaron sus inquietudes respecto a la legislación propuesta.

“Al enterarnos que esta ley estaba en redacción, por distintos medios intentamos ser escuchados y formar parte del proyecto; queríamos que no fuera un asunto legalista e institucional como ha pasado con una buena parte de las leyes, sino que se nos tomara en cuenta.”

Se comenzó una intensa movilización en redes sociales, medios de comunicación nacionales e incluso, a través de la plataforma Change.org, se creó una petición que fue firmada por aproximadamente cuatro mil 100 personas, con la finalidad de que la opinión de la comunidad académica sea escuchada en la redacción de una ley fundamental para la construcción de la memoria histórica, contó Yovana Celaya.

Señaló que el corazón de la ley es el marco general que se establece para el funcionamiento de un sistema nacional de archivos, al que estarán sujetos no sólo el Archivo General de la Nación (AGN) sino el resto de las unidades concentradoras de información estatales, municipales, de los partidos políticos, de asociaciones religiosas, fideicomisos, archivos privados (que actualmente se rigen por otra legislación), entre otros.

Posteriormente, mencionó, se hizo una revisión detallada de los alcances y efectos que tendrá en el quehacer histórico y en general en las ciencias sociales, porque los archivos concentran información valiosa para la construcción de la memoria histórica.

Yovana Celaya Nández, investigadora adscrita al IIH-S

Archivos resguardan la memoria de todos

Yovana Celaya dijo que antes de aprobar la Ley General de Archivos, se debe aclarar qué se entiende o a qué se considera archivo, toda vez que en dicha legislación se clasifican en tres tipos de: administrativos, de concentración e históricos.

“Como historiadores siempre peleamos porque los archivos no se entiendan como depósitos de documentos o una bodega de papeles, como un lugar donde caerá todo lo que nadie sabe qué es; por el contrario, son parte de nuestra memoria colectiva, son el reflejo de nuestra sociedad. Si no tenemos un archivo estaremos negando nuestro propio pasado, nuestra propia memoria.”

En este punto, la legislación es muy difusa, especialmente de lo que se considera archivo histórico; además, no hay seguridad de que la información que se produce en la actualidad sea depositada en el AGN y/o en el Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), esto es grave para nuestra memoria colectiva del presente y del futuro.

Una característica más de esta ley, señaló, es que se complementa o va de la mano con las leyes de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.

“Son leyes que necesariamente tienen que dialogar, porque un archivo se construye a partir de información de datos personales como actas de nacimiento, registros migratorios, actividades políticas; al final todos los archivos tienen datos personales. Esta relación hace que nos produzcan temor algunos puntos de la actual iniciativa.”

De aprobarse la iniciativa, se limitaría el acceso a importantes documentos

Por ejemplo, señaló, el principio básico de la ley es preservar y concentrar la documentación, lo cual es muy favorable y fundamental, el problema es cuando dicha conservación estará determinada por el acceso a la información, transparencia y control de datos personales.

“Muchos dirán que la información de los siglos XVIII y XIX no se verá afectada, pero pensamos en la generada hoy, porque no hay certeza que esta ley en cinco, 10, 20 o 25 años se pueda consultar.

”A mis alumnos de la Facultad de Historia les enseño que la memoria que viven hoy, sus acontecimientos, no podrán construirla como memoria colectiva en el futuro, incluso ellos mismos no podrán enseñar su propia historia, porque en la actual ley no hay seguridad de que puedan consultarse los archivos.”

Por lo tanto, consideró que esta iniciativa pone muchos obstáculos a la comunidad académica para desarrollar su trabajo: producir conocimiento. “Lo que nosotros hacemos con los archivos no es juzgar sino construir y explicar la realidad con lo que está resguardado en los archivos”.

Lo histórico se vuelve político

La iniciativa de la Ley General de Archivos politiza un tema que es del ámbito cultural y social, al pretender que sea la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de aplicar dicha legislación y, por ende, controlar la información contenida en el AGN y el resto de los archivos del país.

“La ley dependerá de la Segob, esto implica un retroceso legislativo que nos pone a la altura de países autoritarios como Corea del Norte, ya que el Estado controlará la información que debe ser de acceso público.”

La Universidad resguarda un importante acervo

Desde hace varios años que en este país, expuso, se trabaja para generar una cultura política y ciudadana que no esté supeditada a las instituciones, capaz de decidir no sólo por quién votar sino cuestionar qué se hace y cómo se destinan los recursos económicos; entonces, “por qué la memoria que han construido generaciones pasadas tendrá que estar sometida a la Segob”.

De ser aprobada por el Senado, advirtió, tendrá efectos negativos: el primero será que el AGN se volverá una secretaría de funcionarios y estará dirigida por alguien designado por el presidente del país.

“No hay certeza de que al frente esté un especialista, sino un funcionario que, ante todo, es un político; cómo sabremos si tendrá sensibilidad para la documentación histórica, de la relevancia de un archivo como resguardo de memoria”, cuestionó.

Y esto se reproducirá a nivel estatal y municipal, donde las secretarías de los gobiernos nombrarán a los directores de los archivos históricos, “la información estará a disposición del partido político en el poder, como ha sucedido con otros tipos de programas”.

Artículo 14 transitorio, pone en riesgo la memoria histórica

La también integrante de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, indicó que otro tema delicado es el Artículo 14 transitorio de la Ley General de Archivos, el cual señala que los archivos históricos serán sujetos de evaluación, en un plazo de dos años para los de carácter nacional y tres para los estatales, con el objetivo de validar si la documentación es histórica.

Lo delicado es que no específica quiénes harán la evaluación, en qué condiciones y qué pasará con la documentación considerada no histórica.

“Qué pasará con un archivo estatal que depende de recursos limitados, o con un archivo municipal que la mayoría de las veces no tienen recursos; para ello se requeriría de un grupo de expertos en archivonomía e historiadores para proponerse una revisión de la documentación resguardada, de lo contrario estaríamos en riesgo de perder documentación.”

No obstante, una evaluación de la documentación que actualmente se encuentra a cuidado de los archivos es delicada, porque las preguntas que ahora se hacen no son las mismas de hace 50 o 100 años, manifestó.

Por ejemplo, “la carta que escribe un migrante a su esposa, hoy me dirán que se trata de una conversación muy personal y quizá no tenga relevancia, pero en 20 años para alguien preocupado por hacer historia de las emociones, de los efectos negativos de la migración para una familia, tendrá un valor fundamental.

”La valoración de los documentos es lo preocupante, cómo sabremos que no es importante, a partir de qué criterios, eso es lo delicado de este artículo.”

Por ello, enfatizó que la comunidad académica ha solicitado constantemente a las autoridades que este artículo sea eliminado, bajo el argumento que aquello depositado en el archivo histórico no tiene que moverse ni evaluarse, porque obedeció a lógicas que no son las actuales y, por lo tanto, se debe preservar la documentación que ya está bajo resguardo.

Protección de datos personales vs. Memoria histórica

En los últimos 10 años se han hecho esfuerzos considerables para tener acceso a la información. En lo referente a los archivos que son considerados públicos, pueden ser consultados después de un periodo de entre 50 y 70 años, como es el caso de toda la documentación relacionada con el movimiento estudiantil de 1968 y la Guerra Sucia.

“La vigente legislación establece un tiempo específico en el que los documentos generados por diferentes instancias serán resguardados en el AGN; es decir, los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Segob, Secretaría de Hacienda, entre otras dependencias, una vez cumplido su tiempo como archivos de concentración o de administración, pasan al AGN”, detalló Yovana Celaya.

Mientras que en la actual iniciativa de ley no se fija un periodo que asegure que en 25, 30 o más años, pueda consultarse la información que se genera hoy en día al pasar a los archivos. “Esto tendrá un efecto sobre la producción del conocimiento en el presente y en el futuro”.

Al preguntar si los archivos recientemente abiertos pueden regresar a ser custodiados por las dependencias gubernamentales, dijo que con la aprobación de la iniciativa todos los documentos de hace 50 o 70 años pueden someterse a un procedimiento conocido como testar o censurar todos los datos personales (nombre, dirección, incluso fotografías) bajo el argumento de la protección de datos personales y datos sensibles.

“Ya no se tendrá acceso a archivos de los movimientos políticos de los años sesenta, de la información generada y transmitida entre los funcionarios. Incluso, información de principios de los siglos XX, XIX, XVIII e incluso XVII; en suma, toda aquella información que se considere de naturaleza sensible.”

La comunidad académica ve con buenos ojos la existencia de una ley que coadyuve a preservar la información generada en siglos pasados, en la actualidad y la venidera; sin embargo, una equivocación sería sólo guardarla y no permitir que se difunda entre los mexicanos.

“Esta apreciación queremos que se incluya en la ley, porque un archivo que no se da a conocer de nada sirve preservarlo. Somos una comunidad preocupada no sólo por los documentos de los siglos XVII, XVIII o XIX, también por la generada en el presente y que esté disponible en su totalidad para su consulta por todos los interesados.”

Puntualizó que es necesario dejar de pensar que los historiadores son jueces, cuando su labor es explicar nuestra sociedad y el mundo.

En peligro Archivo General del Estado de Veracruz

Los archivos históricos serán determinados por la Ley de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la cual instituye que se considera monumento histórico todo aquello producido 100 años atrás, todo lo anterior a 1916.

A partir de esta consideración, Yovana Celaya anotó que el AGEV estaría en riesgo de perder la categoría de histórico y se convertiría en archivo de concentración.

“Buena parte de su documentación (alrededor del 80 por ciento) corresponde al siglo XX y tiene escasa información del siglo XIX, ya que no hubo grandes proyectos de conservación; entonces, lo que llegó es lo que tenemos, lo que trabajamos, con ello construimos memoria, hacemos investigación, damos docencia y los alumnos hacen tesis”, expuso.

Por lo tanto, si el AGEV se convierte en archivo de concentración, para que los académicos, estudiantes y ciudadanos puedan consultar la información tendrán que atender la legislación de transparencia y datos personales.

“Pasaríamos de tener un archivo general histórico, a tener una documentación pequeña sólo del siglo XIX”, advirtió.

Cabe mencionar que el archivo estatal resguarda aproximadamente 130 millones de documentos y materiales únicos, entre ellos un acervo de más de 19 mil planos de la entidad, decretos, obra legislativa y fotografías que narran la historia de Veracruz.

Por ello, dijo que continuarán participando en el debate y en la próxima audiencia pública, porque no sólo quieren mejorar la redacción, sino que esperan se elimine el Artículo 14 transitorio.

“Queremos socializar la información y dejar de pensar que sólo compete a los historiadores que gustamos de los papeles viejos, cuando compete a todos como sociedad porque en los archivos está la memoria de todos.”

Por último, invitó al actual Director del AGEV a sumarse a la discusión, ya que hay una importante comunidad de científicos sociales que hacen investigación y docencia con apoyo de los documentos ahí resguardados, por lo que solicitó su apoyo para proteger y dar libre acceso a la información pública depositada en el AGEV.