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Espacios de sombra judicial en la “cuarta transformación”

  • Existe riesgo de una confrontación política y jurídica entre los poderes del Estado: Córdoba del Valle
  • Ya está en marcha la cuarta transformación con reformas judiciales importantes

 

Enrique Córdoba del Valle durante su participación en el 7mo Coloquio Iberoamericano “Estado constitucional y sociedad”

 

12/11/18, Xalapa, Ver.- El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), Enrique Córdoba del Valle, expuso que la cuarta transformación del país ya empezó a generar sus primeros efectos a partir de la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor el pasado 6 de noviembre, la cual tiene un trasfondo político que pondrá en serio riesgo las relaciones de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Dicha ley obliga a todos los servidores públicos a ajustar sus salarios por debajo del que se asigne al presidente de la República, lo que puede derivar en una confrontación política y jurídica ya que la Constitución Política dispone que las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial no pueden ser disminuidas durante su encargo, expuso el jurista.

Lo anterior fue expresado en el marco del 7mo Coloquio Iberoamericano “Estado constitucional y sociedad”, que congregó los días 7 y 8 de noviembre a expertos de la UV y de otras universidades como las de Guerrero, Guadalajara, Oaxaca, Quintana Roo, así como especialistas de Colombia y Brasil, para discutir temas de actualidad en materia jurídica, especialmente en el área del derecho constitucional.

Córdoba del Valle manifestó que al interior del Poder Judicial aún existen “espacios de sombra” en el flujo de información sobre decisiones judiciales y la gestión administrativa de la judicatura en general, especialmente porque la sociedad reclama saber en qué se gasta el presupuesto y cómo se aplican los recursos, de lo contrario seguirá habiendo espacio para especulaciones sobre posibles actos de corrupción que afectan la administración de justicia.

Para disminuir los riesgos de tal confrontación política que terminará por minar la independencia judicial, propuso que se eleve a rango constitucional la “autonomía financiera” del Poder Judicial asignándole un porcentaje fijo en el presupuesto de egresos, y que se fortalezcan las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura, otorgándole el carácter de órgano constitucional autónomo, para que pueda ejercer con libertad sus labores.

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