Derechos Humanos

Nuevo sistema de justicia penal criminaliza los problemas sociales

  • La seguridad en México cambia de foco, de estar anclada al individuo pasa al ente estatal como mecanismo de control, afirmó Alan García Huitrón, investigador del Inacipe

Alan García Huitrón, investigador del Inacipe, ofreció una conferencia sobre políticas públicas de seguridad en México

 

José Luis Couttolenc Soto

Fotos: Omar Portilla Palacios

29/08/2022, Xalapa, Ver.- El especialista en criminología e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Alan García Huitrón, opinó que el nuevo sistema de justicia penal no resuelve los problemas sociales como pobreza, desigualdad, marginalidad y conflictos ambientales, sino que los criminaliza; por lo tanto, “no resuelve la parte de seguridad pero sí la de justicia”.

Invitado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), el Doctorando en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ofreció la conferencia virtual “Políticas públicas de seguridad en México: Retos y perspectivas desde el enfoque de Derechos Humanos”.

Dijo que la seguridad en México cambia de foco, de estar anclada al individuo pasa al ente estatal como mecanismo de control, “de la seguridad de la persona pasa a la seguridad del estado, y es cuando aparece una dimensión colectiva de la seguridad y del biopoder”.

El investigador hizo un análisis criminológico y de políticas públicas en materia de seguridad puestas en marcha durante los periodos presidenciales de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, para llegar a las transformaciones de los programas que se están dando en la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En México, el origen y desarrollo de la policía estuvo ampliamente vinculado con el ámbito político

 

Mencionó que las políticas públicas en materia de seguridad y justicia son ámbitos históricamente alejados de la no evaluación y de una práctica arbitraria.

Detalló que en México el origen y desarrollo de la policía estuvo ampliamente vinculado con lo político, como una institución que favoreció a los gobernantes –virreyes primero y presidentes y/o gobernantes, después–; precisó que la policía fue subsumida al espacio reglamentario de lo político-administrativo, en donde fungió como institución de facto pero no legal, fuera de ley moderna y lejos de la ciudadanía y sus intereses.

Apuntó que el abordaje público y sistemático a la seguridad con la delincuencia es reciente (1995), con la publicación de la Ley General de Seguridad que estableció las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del primer Programa Nacional de Seguridad Pública (1995-2000), con lo que el país comenzó a construir instrumentos jurídicos y operativos para enfrentar la inseguridad.

Se refirió también a la discusión que actualmente se da en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la convencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, que en nuestro país se ha implementado como política para enfrentar y reducir los índices de violencia y delincuencia.

Subrayó que cuando se habla de seguridad ciudadana, una de sus claves es la prevención, “desafortunadamente es un punto que ha quedado de lado, seguimos esperando que el gobierno federal diseñe el programa nacional de prevención pues a eso se comprometió”, concluyó el conferencista.