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Hay incongruencia en la normatividad de productos forestales no maderables: Ana María Ortiz

  • Expertos hablaron del tema en el marco del Seminario Normatividad de Productos Forestales No Maderables en México “Un análisis a múltiples voces
  • El evento fue organizado por el Centro de Investigaciones Tropicales de la UV y la Red Temática Productos Forestales No Maderables

Ana María Ortiz Monasterio

Claudia Peralta Vázquez 

14/10/2019, Xalapa, Ver.- Ana María Ortiz Monasterio y Gonzalo Chapela, de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, A.C., y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, respectivamente, participaron el jueves 10 de octubre en el Seminario Normatividad de Productos Forestales No Maderables en México “Un análisis a múltiples voces. 

Cabe señalar que este evento fue organizado por el Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la Universidad Veracruzana (UV), a través del cuerpo académico (CA) Ecología Aplicada al Manejo de Ecosistemas Forestales, y en coordinación con la Red Temática Productos Forestales No Maderables: aportes desde la etnobiología para su aprovechamiento sostenible. 

En su ponencia titulada “Panorama internacional de políticas públicas para el manejo sostenible de los productos forestales no maderables”, Ana María Ortiz destacó que independientemente del avance de la normatividad existente en este rubro, hay incongruencia y desarticulación en cada una de las distintas leyes. 

Lo anterior da pie a la continuidad de las extracciones ilegales e impunidades en materia de aprovechamiento de estos productos; por consiguiente, el principal reto es avanzar en el reconocimiento tanto de la realidad como de las normas, pues aunque ha habido esfuerzos porque esto ocurra, en los procesos de generación de la normatividad es realmente complicado. 

Al inicio de su charla, dio a conocer algunas bases constitucionales de orden federal, estatal y municipal, así como tratados internacionales relacionados con esta temática. 

Citó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual habla del derecho a tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, o de otra forma, utilizado o adquirido. 

Asimismo, reconoce la artesanía, las industrias rurales y comunitarias, las actividades tradicionales y las relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos (caza, pesca y recolección, como factores importantes en su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico). 

Gonzalo Chapela

Otro de los tratados mencionados fue el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en donde se establece que México junto con otros 157 países reconoce la exigencia fundamental para conservar la diversidad biológica, la conservación in situ de ecosistemas y hábitats naturales, el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables en sus entornos naturales. 

Asimismo, señala que la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad son necesarias para satisfacer necesidades de la población, incluidas las alimentarias y las de salud. 

Comentó que en total existen 13 normas en materia forestal, pero el tema en mención se encuentra regulado por la Ley de Vida Silvestre y la de Desarrollo Forestal Sostenible, ambas distintas en su contenido.  

Pero, además está la Ley General de Equilibrio Ecológico y otras que de manera indirecta inciden en la relación. Sin embargo, reiteró la falta de congruencia y articulación de la normatividad vigente. 

Gonzalo Chapela, por su parte, se refirió en su ponencia a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la coyuntura de un nuevo reglamento: implicaciones para el manejo forestal comunitario en México. 

 Expuso que el manejo forestal comunitario no está considerado por el Producto Interno Bruto; sin embargo, es la mitad de la población rural la que se encuentra involucrada en territorios forestales. 

Manifestó que la lucha contra la ilegalidad es sin duda una condición que genera una competencia muy desfavorable para las empresas sociales comunitarias. 

No obstante, se trata de una cuestión un poco contradictoria si se considera que las comunidades campesinas frecuentemente hacen uso irregular de los recursos, sobre todo de los maderables. Justo esa irregularidad e ilegalidad son algunos de los factores que nos está quitando la rentabilidad. 

Sostuvo que en México estamos muy lejos de lograr que haya un buen manejo forestal sustentable, pero ya no es suficiente ese objetivo, porque entre otras cosas, “tenemos una demografía en las comunidades campesinas e indígenas, en donde ya la mayoría de la población no tiene derechos formales sobre los recursos. No sirve de nada que haya cadenas de valor y que todo ese valor agregado quede fuera de las comunidades. 

Se refirió al concepto de redes locales de valor, que consisten en captar las oportunidades de empleo y de derrama económica en las localidades. 

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