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Falta mayor protección jurídica para trabajadores que viven con VIH/SIDA

 

  • Han sido estigmatizados desde hace mucho tiempo, convirtiéndose en un tema complejo de tratar
  • La discriminación puede hacer perder derechos, o dificultar el acceso a ellos

 

Romel Alexandro Reyes Violante, integrante de la segunda generación del Doctorado en Derecho

 

José Luis Couttolenc Soto

Foto: Omar Portilla Palacios

01/05/2022, Xalapa, Ver.- Romel Alexandro Reyes Violante, integrante de la segunda generación del Doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), realizó una investigación sobre la discriminación por condición de salud en México y observó que en la esfera jurídica la Ley Federal del Trabajo no ha generado la protección adecuada para trabajadores que viven con VIH/SIDA.

La investigación titulada “Protocolo de actuación para juzgar a trabajadores con VIH/SIDA en México” forma parte del Tomo II Sistemas jurídicos procesales para el derecho público y privado, uno de los tres que conforman la obra Estudios contemporáneos de la ciencia jurídica, del Instituto de Investigaciones Jurídica (IIJ) de esta casa de estudios.

Reyes Violante menciona que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) tiene una connotación negativa en la sociedad desde 1986, lo que llevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a establecer que los estados miembros deben generar instrumentos jurídicos viables y ágiles para la protección de este derecho.

Sin embargo, destaca que los trabajadores con VIH/SIDA, que si son diagnósticados a tiempo pueden llevar una vida normal, haciéndolos personas socialmente útiles, han sido estigmatizados.

Dijo que la discriminación puede hacer perder derechos o dificultar el acceso a ellos, y considera que una actitud de no aceptación o no convivencia laboral con personas que padecen VIH puede desencadenar violencia, odio y desprecio, incluso provocar homicidio o suicidio; “por lo tanto, discriminar es violencia”.

Ante este panorama, Reyes Violante propone un protocolo de actuación para que en el momento en que las personas con la enfermedad acudan a solicitar la tutela de la institución que imparte justicia, el juzgador cuente con una herramienta habilitada que le permita brindar atención específica al caso de que se trate, con una visión apegada a los derechos humanos, “ya que personas y trabajadores que viven con VIH/SIDA no pueden ser invisibles”.

Planteó también que la prevención puede ser una salida de escape importante, que haría posible limitar el crecimiento del número de personas que viven con el padecimiento; presenta una ventana que puede ir de los seis meses a los 10 años, puesto que cada organismo reacciona de diferente manera, lo cual hace que se desarrolle de forma diferente, puede ir de un nivel tardío hasta uno acelerado.

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