• Mara Karina Mendoza aborda el caso de un estudiante universitario al que le ha sido violentado tal derecho por parte del Estado y de una institución pública 
• “Es fundamental que los estudiantes universitarios sepan que la educación superior es un derecho humano, que pueden exigir sus derechos a las autoridades educativas y universitarias, y conocer los mecanismos para protegerlos”, expresó 

Mara Karina Mendoza desarrolla proyecto sobre el derecho humano a la educación superior

Paola Cortés Pérez 

24/01/2022, Xalapa, Ver.- Mara Karina Mendoza Hernández, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolla un proyecto de intervención sobre la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho humano a una educación superior de excelencia. 

El programa educativo (PE) es impartido por el Sistema de Enseñanza Abierta de esta casa de estudios y pide a quienes lo cursan que pongan en práctica los conocimientos adquiridos, de ahí que sea un posgrado profesionalizante. 

Mara Karina contó en entrevista que siempre ha tenido un gran interés por abordar el tema de los derechos humanos, por lo que investigó los PE de posgrado con este enfoque e impartidos por universidades públicas del país. 

“Encontré alrededor de seis programas, uno es el que imparte la UV y decidí ingresar a él por la calidad y por su orientación profesionalizante, lo que nos permite desarrollar habilidades prácticas y realizar proyectos.” 

Con respecto a su proyecto de investigación, titulado “La obligación del Estado de garantizar el derecho humano a la educación superior conforme a los estándares nacionales e internacionales”, mencionó que aún sigue en proceso. 

“Tiene por objetivo que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar el derecho humano a la educación superior, conforme a estándares internacionales, nacionales y locales. Derivado de este reconocimiento se generan cuatro obligaciones generales: promover, respetar, proteger y garantizar este derecho.” 

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, para que el derecho a la educación se garantice deben tomarse en cuenta cuatro elementos esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

“Para el cumplimento de este derecho no basta con crear instituciones de educación superior, construir un edificio y ponerle nombre, sino que debe dotarse de todos los elementos físicos, técnicos y académicos, para formar profesionistas bien preparados.” 

Con base en estas premisas, Mara Karina Mendoza empezó a trabajar con un estudiante del programa de Licenciatura en Administración de una institución de educación superior pública que opera en la entidad. 

“Los estudiantes de esta institución educativa no se consideran sujetos de derecho, la mayoría no saben que deberían ejercer un derecho y que el Estado tiene obligaciones; por el contrario, lo ven como una oportunidad de la que deben estar agradecidos por los espacios que les brindan y las deficiencias las ven como retos que pueden enfrentar con creatividad y esfuerzo. 

”En este caso existe una omisión por parte del Estado y de dicha institución educativa, al incumplirse algunas de sus obligaciones específicas respecto al derecho humano a la educación superior, que se traduce en la falta de instalaciones suficientes y adecuadas, de docentes actualizados y capacitados, de espacios para realizar actividades deportivas y culturales, de repositorios institucionales gratuitos, infraestructura en la que los estudiantes puedan tener acceso a Internet, entre otros.” 

Una vez que fue identificado el problema, inició con la localización del justiciable, determinar qué puede exigirse al Estado, detectar qué se cumple y qué no, para a partir de esto generar una solicitud ante las autoridades educativas estatales. 

Al momento, dijo, está en la elaboración de la solicitud que presentarán ante las autoridades educativas y si dan una respuesta negativa, entonces se procederá a interponer un amparo indirecto para ordenarles cumplan con sus obligaciones respecto al derecho humano a la educación superior. 

El impacto que se espera, indicó, es una mejora en las condiciones en las que el justiciable ejerce su derecho humano; que otros estudiantes vean que es posible exigir la garantía de sus derechos, y generar un precedente importante respecto a la justiciabilidad de dicho derecho. 

Aunque el proyecto aún no esté concluido, Mendoza Hernández hizo algunas recomendaciones: es fundamental que los estudiantes universitarios sepan que la educación superior es un derecho humano; saber que pueden exigir sus derechos a las autoridades educativas y universitarias, y conocer los mecanismos de protección de sus derechos humanos.