En esta época del año, en distintos espacios es evidente la falta de agua, líquido que representa la vida de los seres humanos y de las comunidades; no obstante, es un bien finito cada vez más escaso, aun en lugares como Veracruz, en los que antes abundaba este recurso.

En la víspera del tercer Foro Mundial sobre el Agua, realizado en Kyoto, Japón. Kiochiro Matsuura, director general de la UNESCO, realizó algunos comentarios acerca del Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, en los que destacó que se prevé que en los próximos 20 años el promedio mundial de abastecimiento del líquido por habitante disminuirá en un tercio, debido al crecimiento de la población, a la contaminación y al cambio climático.(1) Estas circunstancias, en su mayoría, tienen que ver con la relación que ha habido entre los seres humanos y su entorno natural, proceso en el que no han existido políticas públicas ambientales ni políticas que tengan que ver con el agua.

La ausencia de planeación en el manejo y extracción de los recursos naturales ha sido señalada por académicos y por algunos medios de comunicación. Precisamente, el Diario de Xalapa dio cuenta de algunas de las repercusiones que esto ha traído consigo, en una nota publicada el 5 de abril y cuyo encabezado fue “Sin agua, se encuentra la tercera parte de los veracruzanos”.

En la nota firmada por el reportero Rubén Rojas, se informa que el 80 por ciento de los mantos acuíferos de la entidad está contaminado, además de que el estado perdió el 36 por ciento de sus bosques y que más del 40 por ciento del territorio estatal padece erosión grave. Esto ocasiona que los ciclos de agua sean cada vez más cortos y que generen contaminación en los mantos acuíferos, debido a que, luego de un aguacero, de las montañas bajan los caudales con una gran fuerza y arrastran consigo todo lo que aparece a su paso porque ya no encuentran filtros naturales (antes, la maleza y las raíces de los árboles funcionaban como filtros). Al llegar a las poblaciones, el torrente se mezcla con los drenajes y otros ductos que transportan productos contaminantes (un ejemplo son los ductos de Pemex que no tienen mantenimiento); de esta manera, caudal y desechos llegan juntos a los ríos y al mar. A esto hay que sumar los desechos industriales de ingenios, fábricas de papel y etanol, cerveceras, entre otros, y de drenajes caseros que cotidianamente se vierten en las cuencas.

El deterioro ecológico está influyendo en la con-taminación del agua, misma que es cada vez más escasa frente al aumento de su demanda. Se ha considerado que para resolver los problemas de abasto que existen en la entidad se requieren más de 28 879 millones de pesos, informó en enero el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, al concluir la presentación del proyecto hidráulico estatal, que se llevó a cabo en las instalaciones del World Trade Center. En este evento, el ejecutivo estatal reconoció la dificultad para encontrar la solución de este conflicto debido a la carencia de dinero, por lo que consideró que se debe recurrir a toda clase de financiamiento y de esquemas novedosos para captar recursos. También el diagnóstico evidenció la insuficiente infraestructura para potabilizar el vital líquido y realizar los bombeos directos a las redes de distribución, problema al que hay que agregar el inadecuado manejo de presiones que reducen la eficiencia de los sistemas, elevan los costos de operación y ocasionan un mayor desgaste de las tuberías.

Políticas públicas y participación ciudadana
Para solucionar los problemas ambientales y de abastecimiento de agua, el Estado necesita políticas públicas integrales, un cambio en la cogestión que hasta este momento se ha desarrollado entre la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno e instituciones vinculadas con estos temas, una transformación en la cultura ambiental y análisis multidisciplinarios.

En efecto, las políticas públicas de la entidad vinculadas con el entorno ambiental requieren un análisis detallado; sin embargo, en este espacio enunciaremos sólo algunos comentarios sobre los planteamientos que al respecto tiene el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 –el cual fue remitido a la LX Legislatura del Congreso del Estado– y sobre las transformaciones legales que están repercutiendo en la manera en que se ejerce la distribución del agua.

La Ley Estatal del Agua que prevalece en la entidad es la número 21, fue realizada en el sexenio pasado –en el marco de la descentralización política– y hace posible la transferencia de los sistemas de agua a los municipios y su posible privatización; sin embargo, no ha despertado el interés de la ciudadanía, que se ha mantenido casi totalmente al margen.

El medio ambiente y el Plan Veracruzano de Desarrollo
El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), elaborado a partir de las propuestas formuladas durante la campaña del actual gobernador, representa sin duda un importante esfuerzo sistemático y analítico que de manera plausible se ha considerado un instrumento flexible y dinámico: “El Plan Veracruzano es suficientemente flexible para poder ajustar objetivos, estrategias y acciones ante una posible omisión, alguna necesidad identificada incorrectamente o cambio en el entorno nacional e internacional. El gobierno no es infalible por lo que, en el marco del Plan, tendrá la capacidad para ajustar su accionar, sin perder su papel de coordinador y orientador de los esfuerzos para impulsar el desarrollo...”. Y es desde esta perspectiva que se le dio una lectura al capítulo dedicado al medio ambiente.

La situación en la que se encuentra el medio ambiente en la entidad es plasmada en el PVD; de manera general, destaca que ”Veracruz tiene una tasa de deforestación muy alta: perdió 36 por ciento de sus bosques entre 1984 y 2000 y más de 40 por ciento del territorio estatal padece erosión grave. Esto, aunado a la contaminación de ríos y cuerpos de agua, así como a los ciclos de inundaciones y sequías cada vez más frecuentes e intensos, pone en serio peligro la fauna y la flora, los recursos naturales, la diversidad, y la productividad agrícola, ganadera, pesquera y forestal”. Plantea que, al respecto, no se cuenta con un diagnóstico integral; sin embargo, hizo falta considerar más los trabajos que por regiones han desarrollado diversas instituciones, entre ellas el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Centro de Culturas Populares y lo que antes era el Instituto Nacional Indigenista (INI). Además está el trabajo de diversos académicos como Eckart Boege, Hipólito Rodríguez y Luisa Paré y otros más de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana y otras universidades del país y el extranjero.

En cuanto a los objetivos, el documento señala que: ”La biodiversidad dependerá casi completamente de la restauración ambiental, nuevo paradigma de la conservación en Veracruz. Poner énfasis en la restauración es conocer la necesidad de conservar especies y procesos naturales y culturales. La restauración es más participativa que la conservación y es socialmente más creativa e innovadora”. Importante planteamiento que hace falta desarrollar más, es decir, se necesita enunciar específicamente de qué manera se pretende llevarlo a la práctica.

Las acciones prioritarias son cerca de seis; algunas se vinculan con el medio ambiente y otras de manera específica con el agua. Éstas buscan instrumentar el programa de Cultura del Agua y promover la importancia que tiene el vital líquido, pero se necesita que haya un apartado específico para el agua como recurso y otro más como política pública, en los cuales se describan detalladamente las estrategias que va a desarrollar el gobierno para su manejo, cuidado y distribución; de lo contrario, todo parece una buena intención que no logra tener injerencia en las cuestiones sustanciales del líquido.

Asimismo, el documento hace ver que no se está considerando que es el gran capital –la ganadería extensiva, las industrias y los traficantes de maderas preciosas– el que ha acabado en gran medida con los recursos naturales: “Existe una clara correlación entre pobreza, marginación y diversidad que se acentúa en algunas zonas con población predominantemente indígena. Los grupos de población pobres y marginados se hallan en áreas naturales en buen estado de conservación y con gran riqueza biológica. Esta relación y correspondencia ha sido identificada como una de las primeras causas de pérdida de la cubierta forestal y de amenaza para la biodiversidad. Subyace una falta de identificación y de apropiación de su entorno y la necesidad de obtener dinero de la venta y tráfico de especies y recursos naturales...”. Más adelante, como una solución señala: “La valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas es una forma de retribuirles a los grupos por mantener y conservar la naturaleza, lo cual, aunado a la creación de proyectos productivos basados en la cría de distintas especies animales, como mariposas (...) y el cultivo de plantas de interés económico con carácter ornamental, científico y de restauración serían opciones para armonizar la relación entre pobreza y diversidad...”. Desarrollar proyectos desde esa perspectiva, sin duda, es importante y ayudaría a restaurar, pero es sólo combatir y señalar los problemas ambientales de manera tangencial y no considerar lo que verdaderamente está deteriorando a la naturaleza.

Es destacable en el documento que se pugne por lo que se ha tratado de desarrollar en otros periodos, el manejo integral de las cuencas, y también que se señale que “la educación ambiental que se realiza es superficial y confusa, porque no está debidamente incorporada en los procesos educativos”; sin embargo, en ambos puntos, al igual que en todo los demás, hace falta una propuesta más especifica para su desarrollo.

El PVD 2005-2010, en su apartado sobre el medio ambiente, es un esfuerzo importante; no obstante, se queda en un diagnóstico muy general y en una “lluvia de ideas” con respecto a lo que pueden ser soluciones específicas: requiere todavía de una mayor participación de especialistas y ciudadanos. De hecho, la participación de la sociedad es necesaria y fundamental en la implementación de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y, sobre todo, con el agua por las repercusiones que ésta tiene en la vida de los seres humanos.

El proceso de descentralización y la ley estatal del agua
En América Latina, el proceso de descentralización se desarrolló en diversos países en los años ochenta debido a diferentes factores, entre ellos las crisis del Estado benefactor, la económica y la trasnacionalización del mercado; también estuvo propiciado por un movimiento dinámico del Estado y de la sociedad civil,(2) que revistió características específicas en el contexto en el que se desarrolló y que –se considera– concluyó con la privatización (Nohlen, 1991).

La descentralización de la política pública del agua(3) se encuentra directamente relacionada con modificaciones legales en los ámbitos nacional y estatal, transformaciones que repercuten en su desarrollo. En los años noventa se formaron los consejos municipales en Veracruz, al igual que en otros estados del país, lo que hizo posible una mayor articulación entre diversos sectores de la sociedad en relación con el manejo del agua potable; sin embargo, se ha quedado sólo en el plano de la participación ciudadana y no ha tenido injerencias en su diseño, porque en el caso de algunos estados como Veracruz las transformaciones normativas generaron que se antepusieran leyes locales y reglamentos estatales.

En términos generales, el proceso de descentralización busca revertir una tendencia de concentración de poder de decisión, así como de los recursos que permiten el ejercicio de éste. Cabrero Mendoza y Mejía Lira (1992:35) mencionan que “los efectos de la descentralización en la estructura social son de carácter dialéctico, por un lado permitiendo su expresión y por otro inhiben los aspectos autóctonos a partir de la especialización y la modernidad como proyecto nacional”.

La descentralización relacionada con el agua se inició en el ámbito político con reformas de tipo legal y políticas; en el ámbito federal, y en los estatales en relación con el primero. Arsenio González Reynoso (1995:37) (4) plantea tres ejes centrales de la reforma del Estado relacionados con la producción y administración de los servicios públicos urbanos: descentralización, privatización y participación ciudadana. La última la concibe como un instrumento que propicia la democracia(5).

En el caso de la política pública del agua potable desarrollada en los ámbitos municipales, propició: 1) Que se transformaran las estructuras institucionales vinculadas a este servicio; 2) Un cambio en la interacción de grupos organizados de la sociedad y los representantes estatales y 3) Una dinámica diferente entre los grupos organizados de la localidad que, al movilizarse por este recurso, en ocasiones conforman identidades que trascienden las acciones colectivas en torno al agua.

La Ley del Agua número 21 en el estado hace posible la municipalización y el servicio del agua potable. Actualmente, también es factible la participación del sector privado en las comisiones municipales y regionales de agua. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento (CMAPS) son parte integral de los municipios presididos por los propios alcaldes y no por apoderados temporales que van rotando cada cierto tiempo.

En este sentido, los procesos de descentralización tienden a crear sistemas normativos necesarios para la realización de las transferencias. En Veracruz, las reformas estuvieron vinculadas en los años noventa con la sustitución de la Ley Estatal de Agua –en ese periodo la número 72– y con las reformas al artículo 115 de la Constitución Política y la creación de la local, esta última publicada en febrero de 2000.

Es conveniente tomar en cuenta el establecimiento de políticas públicas(6) centradas en el tema del agua a partir de algunos elementos relacionados con la toma de decisiones en el sector público y civil(7). Se considera, en efecto, que la sociedad ha propiciado en algunas localidades una articulación con las instancias gubernamentales –acción que anteriormente no se realizaba–, generando que la información que antes se mantenía entre las elites se socialice; sin embargo, en la mayoría de las localidades la sociedad no ha podido intervenir en el diseño e implementación porque, desde la década de los noventa, ha habido candados legales que lo han impedido. En realidad, a pesar de algunos casos aislados de participación conjunta, no ha habido una cogestión entre las instancias estatales y la sociedad civil.

Comentarios finales
1. En la entidad, los problemas ambientales, y específicamente los del agua, son muy graves, por lo que requieren urgentemente soluciones integrales que surjan de los tres niveles de gobierno y de las instituciones vinculadas; además, es necesario un cambio en la cogestión que se desarrolla entre el estado y la sociedad, la cual debe participar más en la implementación de las políticas públicas. Esto implica también una mayor socialización de la información que se genera en las esferas gubernamentales y, al mismo tiempo, que la ciudadanía vaya generando mayor conciencia sobre la necesidad de involucrarse en los asuntos públicos.

2. Debido a la importancia que tiene el vital líquido para todos, la sociedad debe estar más enterada de la manera en que se manejan los sistemas de agua. Patricia Ávila García (2003:46-47) describe cómo en algunos países como Bolivia –específicamente, en Cochabamba– se registraron serios conflictos en la década de los noventa por una posible privatización de los sistemas de agua. La ley en ese país permitía la concesión de las fuentes de abastecimiento. La empresa que se interesó fue “Agua del Tunari” –subsidiaria internacional de Water Limited de Londres, propiedad de Bechtel Enterprice Inc. de San Francisco, California, y Edison S.P.A. de Milán, Italia–, que logró una concesión por 40 años; el contrato era ventajoso para ellos porque lo realizaban sin invertir capital. Sin embargo, la sociedad boliviana –sobre todo campesinos y agricultores– se opuso y logró revertir la tendencia establecida por su gobierno, motivo por el cual la transnacional inició acciones legales contra Bolivia, en noviembre de 2001, y demandó 25 millones de dólares. La sociedad civil de 41 países del mundo solicitó a una corte que la transnacional no actuara impunemente contra uno de los países más pobres del mundo, pero la autora del texto destaca cómo las medidas tomadas por la empresa son una muestra de las tendencias que seguirán los inversionistas extranjeros según su derecho de enjuiciar a gobiernos nacionales.

3. La presentación de diagnósticos sobre los problemas ambientales y del agua es fundamental, tal como lo hace el PVD, pero también se necesitan propuestas específicas para darles solución y que se destaquen las repercusiones que dichas propuestas traerían consigo, tanto las favorables como las desfavorables. Ésta sería información suficiente para analizar escenarios posibles.

4. Para el desarrollo de las propuestas, es obvio que los montos y las cifras no pueden estar presentes de manera específica, porque deben aparecer en los Programas Operativos Anuales de las diferentes dependencias públicas; sin embargo, en el PVD debe haber claridad sobre cómo y de dónde se van a obtener los recursos para que se desarrollen las propuestas gubernamentales, porque todos los veracruzanos conocen la actual situación económica del estado de Veracruz.

5. Existe la necesidad de impulsar una educación ambiental; de hecho, desde los años noventa algunos estudiosos han realizado planteamientos integrales al respecto, tal es el caso de Enrique Leff (1994), quien además presenta un análisis de los problemas ambientales.

Notas
* Alumna del doctorado en Historia Regional del IIHS-UV
(1) Información tomada de las páginas de Internet de la Universidad Veracruzana, del artículo “La Crisis Planetaria”, elaborado por Aldo Segura Cabrera y Enrique Vargas Madrazo, del Colectivo Eco Sagrado.
(2) Este concepto se va a ir definiendo posteriormente.
(3) La descentralización surge, según Nelly Stromsquist (1999), como un producto de instituciones multinacionales, fuera del ámbito Nación-Estado; en México, se inicia en el periodo de Miguel de la Madrid (1982-1988) como un proceso que busca revertir el centralismo; ha estado presente en las instancias estatales del país y surge a partir de planteamientos que buscan la participación del municipio y la ciudadanía.
(4) “Específicamente, en el marco jurídico propuesto por la Comisión Nacional de Agua (1992), cuyos aspectos centrales son: I) Avanzar en la descentralización de los organismos operadores de los sistemas, sean del Municipio o del Estado. II) Fortalecer la autonomía y la capacidad de gestión y ejecución de los organismos operadores. III) Prever la posibilidad de crear organismos operadores intermunicipales. IV) Suspensión del servicio de suministro por falta de pago. V) Propiciar la participación ciudadana en los organismos de gobierno de los organismos operadores. VI) Promover la participación de la inversión privada en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, buscando mayor eficiencia, mayor inversión y facilitando el régimen de concesión para la operación. VII) Establecer un sistema estatal de agua potable y saneamiento, donde exista un organismo capaz de coordinar el desarrollo integral del subsector, como la instancia de planeación y presupuestación y para la asistencia técnica y la operación de los pequeños sistemas”.
(5) La democracia es definida por Norberto Bobbio (2000:26) como “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas, en la que está prevista y propicia la más amplia participación posible de los interesados”. Alain Touraine parte de esa definición al elaborar la suya pero manifiesta que el conformarse con garantías constitucionales y jurídicas, en tanto la vida económica y social, la democracia permanecería dominada por oligarquías cada vez más inalcanzables. Por ello, considera aspectos procedimentales y, al mismo tiempo, la libertad de los sujetos para incidir en su entorno político. También destaca: “El régimen que reconoce a los individuos y a las colectividades como sujetos, es decir, que los protege y estimula en su voluntad de ‘vivir su vida’ de dar una unidad y un sentido a su experiencia vivida. De modo que lo que limita el poder no es sólo un conjunto de reglas de procedimiento, sino la voluntad positiva de incrementar la libertad de cada uno. La democracia es la subordinación de la organización social, y del poder político en particular, a un objetivo que no es social sino moral: la liberación de cada uno”.
(6) Las políticas públicas pueden ser definidas como “cursos de acciones tendientes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad” (Cano Chac 1992:52).
(7) La sociedad civil para Norberto Bobbio(1997:39) es conocida como un término a partir de la dualidad sociedad civil/Estado.

Bibliografía
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