El
Estado Federal mexicano vive una auténtica revolución
jurídico- administrativa iniciada desde el ámbito
local, donde el control constitucional, la tutela de derechos fundamentales
y las instituciones electorales se perfilan como el núcleo
inspirador para futuras reformas en el ámbito federal que
nutren y redefinen las competencias de los niveles de gobierno,
aseveró Manlio Fabio Casarín, director de la Facultad
de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV).
Al participar en la inauguración del VIII Congreso Nacional
de Derecho Constitucional de los Estados y ante el rector de la
UV, Raúl Arias Lovillo, el Director comentó que también
se consideran como inspiración los mecanismos de democracia
participativa, la distribución equitativa del gasto público
y la transparencia y rendición de cuentas.
Con ello se recuperaría el Artículo 40 constitucional
que se refiere al Estado mexicano como una República representativa,
democrática y federal compuesta por estados libres y soberanos,
explicó el Director de la Facultad, entidad que junto con
los institutos de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UV
y de la UNAM, así como con Gobierno del Estado, organizaron
la reunión.
La inauguración fue presidida por el gobernador Fidel Herrera
Beltrán, quien acompañado de los directores de los
IIJ de la UV y de la UNAM, María del Carmen Ainaga Vargas
y Héctor Felipe Fix-Fierro, respectivamente, el Gobernador
destacó la inclusión de temas relacionados con los
derechos y las culturas de los pueblos indígenas, transparencia
y rendición de cuentas, reforma del Poder Judicial, y medios
y mecanismos de solución de conflictos en juicios orales.
En su intervención, María del Carmen Ainaga reconoció
que si bien nuestra Constitución general ha sido y es un
pilar fundamental en los destinos del país, también
las constituciones estatales son parteaguas para impulsar el desarrollo
de México y el fortalecimiento del federalismo. Se
firma la Declaración Veracruz para fortalecer al Derecho
La Declaración Veracruz, que tiene como fin el fortalecimiento
del derecho constitucional estatal dentro del federalismo mexicano
en diversos ejes o temas de actualidad, fue el acuerdo al que
llegaron los participantes del VIII Congreso Nacional de Derecho
Constitucional de los Estados.
Las acciones que la Declaración Veracruz propone –en
voz del académico David del Ángel Moreno–,
en lo relativo al fortalecimiento del Poder Judicial en las entidades
federativas, son las siguientes. Primero, existencia y regulación
de un verdadero sistema judicial local de carrera; segundo, difusión
de la cultura de derecho constitucional local y procesal constitucional
local entre funcionarios judiciales y abogados y postulantes.
En tercer lugar, propone el debido desarrollo procesal de instrumentos
de control constitucional local que permita a los poderes judiciales
una eficaz tutela de derechos específicos que reconozca
las constituciones locales a sus habitantes; cuarto, difundir
y promover la oralidad de los procedimientos jurisdiccionales;
quinto, creación de institutos de especialización
de la judicatura locales dotados de autonomía técnica
y de gestión, que sin dejar de formar parte del Poder Judicial
no dependan del Consejo de la Judicatura o del máximo tribunal
de justicia local; y sexto, nuevo y verdadero diseño de
un servicio judicial de carrera que luche contra la corrupción
originada por bajos salarios e indebido escalafón.
En lo concerniente a la democracia y sistemas electorales locales,
la Declaración Veracruz propone acelerar la renovación
del rostro jurídico electoral del país, retomando
las experiencias de Sinaloa, Chiapas y Veracruz; la realización
de estudios relativos a ventajas y riesgos que conllevarían
la implementación de elecciones electrónicas en
México; implementar un verdadero y completo servicio profesional
electoral en los órganos electorales locales; y evaluar
debidamente el impacto de la reforma electoral en las entidades
federativas.
Respecto del federalismo y municipio, se sugiere que la participación
y asignación de recursos de la federación a los
municipios sea la suficiente que permita a los órganos
de gobierno satisfacer las necesidades sociales que por disposición
constitucional están llamados a cumplir; resolver de forma
expedita y con participación del pueblo los conflictos
de límites municipales que en ocasiones llegan a durar
décadas sin resolverse; y tratar a la brevedad el tema
de la protección del medio ambiente y recursos naturales
en el ámbito municipal.
Las universidades firmantes de la declaratoria son: UV, UNAM,
Carlos Tercero de Madrid, universidades autónomas de los
estados de Morelos, Puebla, Nayarit, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo
León, Coahuila, Baja California, San Luis Potosí,
Guerrero, Chiapas, Michoacán y Quintana Roo. Las instituciones
que firmaron son: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Gobierno del estado de Veracruz, Tribunal Superior
de Justicia de Veracruz, Instituto Electoral Veracruzano, e Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.
Las
consultas a la ciudadanía no son plebiscitos, sino una
modalidad del referéndum
En una democracia representativa como la de México no es
posible establecer una institución como el plebiscito,
pues las consultas a la ciudadanía son sólo una
modalidad del referéndum, aseguró Isidro de los
Santos Olivo, académico de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.
Aseguró que es necesario encontrar la diferencia entre
plebiscito y referéndum, “porque nosotros nos articulamos
en una democracia representativa”. Respecto de estos instrumentos
de democracia semiparticipativa, comentó: “Mientras
el plebiscito se define como la participación del pueblo
para apoyar o no decisiones del gobierno, el referéndum
se define como una consulta hecha al cuerpo electoral, quien tiene
la posibilidad de manifestar un sí o un no a un proyecto
de un órgano del Estado”.
“El plebiscito como manifestación es un acto contundente
de la democracia directa, de la espontaneidad política,
y no aplica en una democracia participativa como la nuestra”,
comentó el académico. |
