Consejo de Especialistas para la Educación. (2006). Los retos de México en el futuro de la educación. México: Autor

Justo al finalizar el periodo presidencial 2000-2006, el Consejo de Especialistas para la Educación saca a la luz la obra titulada Los retos de México en el futuro de la educación, una obra de 127 páginas, a lo largo de las cuales el Consejo plantea los principales retos que en materia de educación tendrá que afrontar nuestro país.

Cabe mencionar que el Consejo de Especialistas en Educación es de creación muy reciente, surgió apenas a finales del año 2005 como una instancia en materia de planeación y política educativa de la Secretaría de Educación Pública. Sus fines son:

a) Dar opinión al secretario de educación pública sobre los asuntos que éste le encomiende acerca de la situación educativa del país, así como proponerle alternativas de acciones, estrategias y políticas.

b)   Emitir opinión sobre los planes sectoriales en materia educativa, y proponer periódicamente al secretario de educación pública una ponderación de prioridades para la atención de los problemas educativos.

c)   Previa autorización del secretario de educación pública, dar a conocer de manera periódica y sistemática a la opinión pública los resultados de los estudios que realice, así como otras cuestiones que defina la autoridad educativa federal en el marco de sus atribuciones y facultades.

d)   Proponer a la autoridad educativa federal la realización de mesas de debate y discusión sobre la problemática educativa.

e)   Expedir sus normas de operación.

Entre sus integrantes figuran: Guillermo Fernández de la Garza, Enrique Florescano Mayet, Gilberto Guevara Niebla, María de Ibarrola Nicolín, Edgar Jiménez Cabrera, Pablo Latapí Sarre, Miguel Limón Rojas, Adolfo Martínez Palomo, Felipe Muñoz Izquierdo, Alfonso Rangel Guerra, Roberto A. Rodríguez Gómez G., Pablo Rudomín Zevnovaty, Sylvia I. Schmelkes del Valle, Fernando Solana Morales y Margarita Zorrilla Fierro.

El libro que nos presentan, y del que se ocupa esta reseña, se compone de cuatro grandes apartados (además de una presentación y una introducción), a saber:

1.- Tres propósitos centrales para la educación.

2.- Un criterio conductor: la calidad.

3.- Tres políticas para alcanzar los propósitos.

4.- Hacia una agenda en educación en México.

La obra se centra en el análisis de las políticas y acciones que en materia educativa se emprendieron en el sexenio foxista; sin embargo, su alcance no se reduce únicamente a este periodo, tocando además cuestiones que históricamente han afectado a la situación de la educación en nuestro país y aquellas que aparecen como retos marcados para el futuro. Ante los diversos desafíos que la educación mexicana enfrenta, el Consejo da una serie de recomendaciones puntuales.

La presentación constituye una aproximación general al documento; en ella el Consejo explica cómo el libro surge a solicitud del entonces Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Tamez Guerra, como una reflexión en torno a la situación del sistema educativo mexicano y las políticas que en materia de educación se han desarrollado. De manera muy detallada, los integrantes del Consejo hacen referencia a los propósitos generales que consideran debería tener la educación: una educación para la justicia y la equidad; una educación para la democracia, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana; y una educación para la productividad, la competitividad y el desarrollo, siendo esta la parte con mayor peso a lo largo del texto. Se reafirma además que el propósito fundamental debería ser la formación de las personas, de las nuevas generaciones, la formación de ciudadanos capaces de hacer crecer el país, contribuyendo a su propio bienestar y al de su entorno. Por último, el Consejo subraya la necesidad de un compromiso por la educación, pues la visualiza como un factor estratégico para la solución de los problemas sociales que requiere ser incluida dentro de un esquema de política mucho más amplio, es decir, considerándola en las políticas económicas y sociales, desde donde se promueva su desarrollo.

La introducción lleva por título “La visión de México”; en ella se reconoce a nuestra nación como un país de contrastes, pues aun cuando ha habido avances significativos, persisten grandes desequilibrios, como la alta desigualdad social y la marginación. En este sentido, el Consejo hace énfasis en varios aspectos del modelo de desarrollo, y da una serie de recomendaciones, entre las cuales figuran: avanzar a una economía más competitiva, hacer adecuaciones a la política hacendaria, el desarrollo del mercado interno y el comercio internacional, encarar el problema de la justicia social y fortalecer el estado de derecho y de las instituciones.

Lograr lo anterior, según los especialistas, concierne también a la educación, por lo que señalan que es necesario avanzar hacia un sistema educativo de alta calidad. Es importante mencionar que la noción de calidad que manejan sigue estando ligada a cuestiones de tipo cuantitativo, tales como la mayor cobertura y mayores índices de permanencia, dejando fuera aspectos cualitativos que son igualmente importantes y que siguen estando pendientes en la agenda educativa.

En este mismo apartado se hace un balance de la situación de la educación mexicana a partir del entorno nacional y el global. En el entorno nacional, el documento resalta los contrastes económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el carácter multicultural y las insuficiencias de desarrollo del país. De igual forma, los especialistas subrayan la existencia de una relación dialéctica entre educación y desarrollo, misma que plantea una serie de retos para la educación, entre los que destacan: la formación de capacidades para el desarrollo local y regional atendiendo a las vocaciones de las entidades; el desarrollo de competencias para una economía más competitiva; el cultivo de una mentalidad para el cuidado de sí mismo y del entorno; la formación de ciudadanos con un alto grado de comprensión en cuanto al impacto que sobre el medio ambiente puede traer el desarrollo sustentable; proteger la diversidad cultural como fundamento de la identidad nacional; una mayor retención y cobertura en los tipos y niveles de enseñanza media y superior; creación de opciones de formación para la población adulta, haciendo uso de opciones de educación a distancia y el establecimiento de programas de renovación de la planta trabajadora que tomen en cuenta las necesidades de ampliación de la oferta y el tipo de perfil profesional adecuado a los distintos tipos, niveles y modalidades educativas.

Con referencia al entorno global, se considera que fenómenos como la globalización y el surgimiento de una sociedad del conocimiento hacen necesario el desarrollo de un conjunto de nuevas “alfabetizaciones”, que incluyen la ética, la cívica, la intercultural, la tecnológica y la informática. En cuanto a niveles de calidad educativa, los especialistas reconocen que en el ámbito internacional las pruebas de aprovechamiento indican una calidad muy baja en la educación básica que se imparte en nuestro país.¹ Por lo que corresponde a financiamiento educativo, el gasto por estudiante en México sigue siendo muy bajo en comparación con otras naciones, y los niveles de acceso, retención y egreso en educación media superior son preocupantes, al igual que la cobertura, calidad y pertinencia en la educación superior.

Así mismo, el grupo de especialistas reafirma un hecho que ya hace algunas décadas se viene dibujando en el contexto mexicano: la tendencia hacia carreras pertenecientes a las profesiones liberales y al sector de los servicios por parte de la población demandante, lo que trae consigo la baja en carreras científicas y tecnológicas,² además de un creciente desempleo y subempleo para los egresados, emigración de talentos y una mayor demanda de estudios de posgrado, pues el campo laboral se ha saturado y cada vez más se requieren mayores credenciales para aspirar a un mejor trabajo.

En este sentido, el Consejo recupera las experiencias internacionales que enseñan cómo estas problemáticas se pueden minimizar mediante estrategias como la revisión, actualización e innovación de los contenidos y métodos de enseñanza; la focalización de las políticas en la mejora continua de la calidad; la evaluación sistemática y transparente de todos los componentes del sistema; la implantación de medios de regulación, supervisión y coordinación adecuados a la estructura del mismo; el aprovechamiento intensivo e inteligente de tecnologías de la comunicación y un esquema de gasto que otorgue prioridad al fortalecimiento de los elementos críticos de la calidad educativa, tales como la formación del magisterio, la infraestructura escolar y los recursos de apoyo al aprendizaje.

Tomando como base las anteriores aseveraciones, llegamos a la primera y más extensa parte del libro, “Tres propósitos centrales para la educación”, mismos que darán respuesta, según el Consejo, a los desafíos más importantes del país.

El primer propósito es una educación para la equidad y la justicia. El Consejo reconoce a la desigualdad económica y social y a la tendencia a una creciente polarización como dos de los principales problemas del país. Plantea que la educación ha contribuido a acentuar tales fenómenos al distribuir desigualmente sus beneficios entre la población (al igual que teóricos como Bourdieu y Passeron e investigadores mexicanos como De Garay, Casillas y Chaín, los especialistas señalan que factores como el lugar de nacimiento y residencia, origen étnico y nivel socio-económico, son condicionantes de la trayectoria escolar y del aprendizaje de los estudiantes)² pero, al mismo tiempo, encuentra en la educación la capacidad de revertir las diferencias que ella misma ha creado. Según este grupo de expertos, si el país quiere alcanzar altos niveles de desarrollo en el mundo del siglo XXI, debe lograr una enseñanza obligatoria que cumpla sus fines, y ofrecer opciones de estudio en la enseñanza media superior y superior, escolar y extra escolar a todos los jóvenes que quieran hacerlo.

Sobre esta base, los especialistas recomiendan definir políticas para la equidad, articuladas entre sí y evaluadas de manera consciente; como línea general de política, apuestan por ofrecer insumos de calidad en todos los planteles y asegurar la calidad de los procesos, para poder esperar una mayor equidad en los resultados. Dichas políticas deberán ser políticas de estado, que estén plenamente reconocidas e impulsadas desde los diversos ámbitos y niveles de la vida social, para poder ser realmente efectivas.

Cabe señalar que la gran mayoría de las recomendaciones que da el Consejo en este primer propósito retoma acciones que fueron iniciadas en la administración federal anterior y otras más que quedaron pendientes de alcanzar en el Programa Nacional de Educación 2001-2006; entre ellas podemos encontrar el mejoramiento de la calidad de la educación rural e indígena, los programas educativos hacia la población jornalera agrícola migrante, las escuelas multigrado, la pertinencia educativa en el nivel superior y el acercamiento de la misma a las zonas altamente pobladas e indígenas, el fortalecimiento de la telesecundaria, la atención del rezago educativo adulto y la formación profesional de los profesores indígenas.

Como se puede observar, en cuanto a la noción de una educación para la equidad y la justicia, el Consejo se manifiesta a favor de la continuidad en la política educativa nacional, pero propone un seguimiento más puntual de las acciones, a través de la revisión y evaluación permanente de las políticas y los programas compensatorios que se implementan, elemento que estuvo un tanto ausente en la administración foxista y que es necesario incorporar para identificar si los recursos son aprovechados de la mejor manera posible.

El segundo propósito lo constituye una educación para la democracia, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana. De acuerdo con el Consejo, la equidad y los enfoques pertinentes de orden cultural y lingüístico contribuirán a la cohesión de la sociedad, con su especificidad multicultural. En este tenor, destacan dos tipos de políticas:

1)   La formación cívica y ética, fundamentada, por un lado, en la existencia de una serie de fenómenos sociales que repercuten negativamente en la juventud y afectan la cohesión social (tales como la violencia, la desintegración familiar, la influencia negativa de la televisión y la falta de referentes de identidad sociales y éticos); por otro lado, la presencia de antivalores como racismo, elitismo e individualismo egoísta en los ambientes escolares, cada vez más acentuada.

2)   La multiculturalidad del país, la cual parte de la necesidad de ofrecer a toda la población una educación con enfoque intercultural, entendiendo por ello la que se orienta a propiciar el conocimiento, respeto y aprecio de la diversidad cultural del país. La noción de multiculturalidad como una forma de llegar a niveles superiores de cohesión social.

Entre las recomendaciones de los expertos para alcanzar este propósito, se observa nuevamente la tendencia a la continuidad, ya que sugieren mantener y ampliar las políticas de formación cívica y ética adoptadas por la Secretaría de Educación Pública, buscando devolver a la escuela su misión formativa. En este sentido, señalan que la formación cívica y ética debe considerarse como la tarea central de la educación y no como una reforma curricular más, ni verse como una asignatura, además de que debe ser tarea de la comunidad escolar en su conjunto, donde los padres de familia juegan un papel fundamental.

Por otro lado, el Consejo recomienda abundar en la investigación sobre jóvenes, para conocerlos y conocer los contextos en que se desenvuelven. Esta es una noción muy rescatable y digna de ser tomada en cuenta por las autoridades educativas y científicas de nuestro país, ya que el conocimiento en México acerca de los jóvenes es escaso, pues la investigación también es escasa y, por lo tanto, no hay una producción científica amplia al respecto, aún cuando es muy necesaria debido a que a partir de ella, y no de las suposiciones, es que se deberían formular las políticas y reformas dirigidas al sector juvenil. Otra idea muy acertada es la sugerencia que este grupo de especialistas hace de promover la oferta de programas televisivos con contenidos científicos y culturales, pues es una parte que en la televisión abierta mexicana ha quedado en el olvido.

El tercer propósito es Una educación para la productividad y el desarrollo económico; para el Consejo, el sistema educativo tiene la responsabilidad de consolidar la formación integral de los estudiantes para una vida ciudadana plena, sobre todo en los niveles medio superior y superior.  Reconoce además que lejos de contribuir al desarrollo económico, las condiciones del sistema educativo han llevado a problemas como el desempleo friccional y la falta de habilidades múltiples y relevantes para las demandas de la sociedad actual. En este sentido, algunas de las recomendaciones que el Consejo hace son relativas a educación media y superior, así como a la relación educación-desarrollo económico, a saber:

•  En cuanto a educación media, su revisión y redefinición, tendiendo a mediano plazo a su obligatoriedad. También se señala que se debe precisar el perfil deseable de los docentes, así como la supresión de la segmentación que dificulta el tránsito estudiantil entre los subsistemas.

•  En cuanto a educación superior, procurar la articulación de las instituciones de nivel superior y la flexibilidad del sistema; asegurar la calidad de la educación privada; poner especial atención al problema de las jubilaciones y reemplazo de la generación de académicos que envejece, así como la situación de los profesores de asignatura.

•  En cuanto a la relación educación-desarrollo económico, acortar distancias entre la formación para el trabajo y el sector productivo, impartiendo educación vocacional en instituciones en cuya administración y financiamiento participen representantes del sector productivo o bien, implementando programas de inserción-formación. También se recomienda desarrollar políticas para evitar el desempleo friccional y el estructural, tales como la creación de observatorios laborales y la preparación profesional para realizar funciones de carácter general. Por último, fomentar, desarrollar y alentar la vocación de los jóvenes para estudiar ciencia y tecnología, aspecto trascendental para mejorar la formación científica de las nuevas generaciones.

En la segunda parte de la obra, titulada “Un criterio conductor: La calidad”, el Consejo caracteriza a la calidad educativa como:

a) Una buena definición de objetivos y contenidos de planes y programas de estudio, pertinentes y contextualizados;

b)   La existencia de recursos materiales e infraestructura actuales, suficientes y con niveles adecuados;

c)   La regularidad de procesos que tienen lugar en las aulas y escuelas, desde el respeto de calendario y jornada escolares, hasta el cumplimiento del programa, planeación, trabajo colegiado, buen ambiente escolar;

d)   Personal docente, directivo y de apoyo calificado, comprometido y responsable.

Las recomendaciones que el Consejo da para mejorar la calidad de la educación aparecen divididas por subsistema:

•  En educación básica, se recomienda abandonar la idea de un plan de estudios único e incorporar un currículum que precise objetivos y contenidos comunes a todas las escuelas, pero que deje espacios de adaptación a condiciones regionales, poniendo atención en el desarrollo de habilidades más que en conocimientos sobrecargados. Particularmente en educación secundaria, reformarla mejorando las estrategias pedagógicas y de gestión, así como la sustitución de la reprobación escolar por una evaluación formativa que corrija fallas oportunamente.

•  En educación media superior, se sugiere una redefinición de la identidad de la enseñanza pasando por la diversificación de la oferta.

•  En educación superior, se propone una política que fortalezca los mecanismos de evaluación, investigación educativa y planeación estratégica.

La tercera parte del libro hace referencia a “Tres estrategias para conseguir los propósitos”. Dichas estrategias son: profesionalización de docentes y directivos, gobernabilidad del sistema educativo y financiamiento de la educación.

La profesionalización de docentes y directivos incluye el dominio sobre un campo profesional cada vez más complejo, que integra conocimiento en sí, y la manera de enseñarlo; también la capacidad de reflexionar, autoevaluarse e innovar; así como una ética profesional renovada. Para lograrlo, las políticas se deberán dirigir hacia dos dimensiones; en primer lugar, la formación inicial y continua de profesores y, en segundo lugar, las condiciones institucionales de trabajo laborales y salariales, que inciden en su formación continua. En este mismo punto, el Consejo exhorta a implantar un nuevo paradigma de formación profesional para los profesores, diseñando y fortaleciendo estrategias de estímulos al desempeño, incentivar su representación a través de cuerpos colegiados e impulsar su cultura general.

La segunda estrategia, gobernabilidad del sistema educativo, tiene que ver con la manera en que se definen las políticas educativas y la forma en que se toman las decisiones en el sector. Se propone profundizar el proceso de federalización del sistema educativo, establecer mecanismos para la participación social y ciudadana y la rendición de cuentas.

La tercera estrategia tiene que ver con el financiamiento de la educación, el Consejo sugiere la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento complementando la inversión pública y privada en el sector educativo y fortaleciendo los sistemas de becas y crédito educativo.

Resulta interesante como el Consejo identifica los problemas, los convierte en retos y los traduce en propósitos, pero no establece realmente estrategias de acción, ya que nuevamente el Consejo presenta recomendaciones, las cuales no pueden considerarse como estrategias en virtud de que una estrategia como tal es el “patrón” de un conjunto de actos que deberán ser desarrollados para lograr los objetivos más importantes, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar responsables para realizarlas, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma para medir avances, detectar desviaciones y realizar las correcciones pertinentes.

Ninguna de las estrategias que el Consejo presenta cumple con estas características; siguen siendo más bien líneas generales de política en las que no se compromete a los actores, ni es posible identificar formas de seguimiento, de evaluación ni de retroalimentación. Por ejemplo, cuando se habla de la formación cívica y ética, no dice cómo se tendría que organizar la escuela para desarrollar las propuestas que hace en este rubro, ni cuáles serían las estrategias y el papel del Estado en esta nueva visión de la formación cívica y ética; es más, ni siquiera hace referencia a su propia participación como elemento de la SEP para lograr que la formación cívica y ética se aterrizara de tal forma en las aulas.

Enseguida nos encontramos con el último apartado del libro, el cual se denomina “Hacia una agenda estratégica para la educación en México”; en él el Consejo reconoce que ha habido avances significativos, pero siguen haciendo falta cambios importantes en algunos aspectos para alcanzar los tres propósitos centrales que se han identificado. En cuanto a la línea de política educativa que se debe seguir, aún cuando a lo largo del libro se marca una tendencia hacia la continuidad, en este apartado los especialistas expresan que hay una tensión entre las posturas favorables a la continuidad y las que prefieren el cambio. Reconocen que en la educación resulta muy inconveniente una política de borrón y cuenta nueva, al igual que una que reprodujera lo existente ateniéndose al pasado sin impulsar nuevas transformaciones, por lo que se muestran a favor de “una continuidad en las acciones con flexibilidad para mejorarlas”, puntualizando la necesidad de hacer un balance de la calidad de las políticas educativas anteriormente implantadas.

El libro reseñado constituye un elemento importante para la revisión de las diversas problemáticas que afectan a la educación y los retos que el futuro le presenta para cumplir con su función social, pero sobre todo, para identificar la visión que se tiene de la misma desde las esferas educativas oficiales de nuestro país, pues recordemos que el Consejo de Especialistas en Educación es una instancia de la SEP y las consideraciones que de él emanen pueden resultar decisivas en el rumbo que la educación mexicana tome en los próximos años.

Los retos de México en el futuro de la educación es una obra que todo profesional inmerso en el ámbito educativo debe analizar reflexiva y críticamente; las recomendaciones que hace el Consejo a través de esta publicación son dignas de integrarse a la discusión en torno a la educación en México en los diversos espacios en que ésta toma lugar, examinando cada una de ellas bajo los criterios de pertinencia, eficacia y factibilidad.

Notas