Ciro Murayama Rendón

Universidad Nacional Autónoma de México

Quisiera comenzar aclarando que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en las universidades va mucho más allá de las instituciones de carácter público; atañe también a las instituciones privadas, puesto que la educación es un bien público, un servicio público, aunque se llegue a proveer de forma privada. Al igual que la salud, la obligación para quien brinda servicios educativos en el ámbito privado no puede estar al margen de una serie de obligaciones que superan las que tuviera cualquier otra empresa. Es decir, se está jugando con el futuro de los estudiantes y por eso el nivel de exigencia de quien quiera entrar al negocio de la educación tiene que ser mayor; si bien hay algunas obligaciones especificas para las universidades públicas –porque, en efecto, sus recursos son públicos y por lo tanto el nivel de exigencia es mayor por la necesaria transparencia en el manejo de los recursos de los contribuyentes–, las universidades privadas no pueden quedar al margen de esta discusión.

Haré alusión al concepto de costo de oportunidad; dicho en términos comunes, lo que dejamos de hacer una vez que tomamos una decisión, la “segunda mejor opción”. El costo de oportunidad en materia educativa es altísimo, esto es, si alguien se equivoca en cuanto a la universidad en que estudiará el costo es muy alto, por tanto, se debe proteger al consumidor de tomar una mala decisión. Veamos un ejemplo cotidiano: si una persona se equivoca un día al elegir un restaurante no pasa nada, simplemente no regresa; pero si pasa cuatro años de su vida en una universidad que le está tomando el pelo, el costo para el estudiante y su familia, así como para la sociedad (en los términos de los retornos educativos de la inversión que hizo la familia) es muy elevado, pensando no sólo en el futuro de la persona, sino en la contribución que hará, porque la educación es consumo y es inversión, sin dejar de reconocer todo el valor no económico de la educación o no medible. Incluso desde una lógica estrictamente económica, es indispensable incorporar a esta discusión a las universidades privadas, porque se trata de un servicio público; es decir, no estamos hablando de un mercado de juguetes, de cualquier mercancía que no tenga mayor relevancia en términos sociales.

Hay, por otro lado, una relación indisoluble entre transparencia, universidad y autonomía. Aunque en los hechos venimos de una larga historia de opacidad, incluso me atrevo a decir que hay áreas de la vida pública de México que se han abierto más y son más transparentes que la universitaria; los universitarios hemos sido protagonistas de la crítica y del cuestionamiento pero hacia afuera, pocas veces hacia nosotros mismos; tenemos que ir a contra corriente en esta idea de que la autonomía nos da una patente de corzo para hacer las cosas como queramos.

La transparencia es fundamental para poder discutir y avanzar en la reforma universitaria. En México, llevamos discutiendo la reforma universitaria al menos veinte años sin que los frutos hayan sido mayores, en buena medida porque estamos discutiendo sobre un universo del que se conoce poco y del que desde las misma universidades se quiere conocer poco, porque una reforma afecta intereses, toca privilegios, y entre más profunda es la reforma más profundos son los intereses y privilegios que se verían afectados.

Hay una misión en transparentar la vida universitaria que tiene como corolario el fortalecimiento de las comunidades y los individuos que forman parte de esas universidades, en detrimento de las burocracias y los distintos núcleos de poder formal e informal; es decir, grupos de profesores y grupos políticos que en la vida de las universidades públicas de México se han enquistado, que han sido parte de su desarrollo debilitando el poder de los individuos, el poder de las entidades académicas como tales. Tenemos universidades que renuevan sus plantas académicas a partir de su propia producción de egresados; no tenemos un sistema como tal por la opacidad y por la discrecionalidad en la manera de ingreso, permanencia y promoción en la carrera académica. Visto así, el peor enemigo de la universidad pública es el silencio, como hace años señaló Olac Fuentes, y el silencio hace que se vuelva natural el status quo y que no haya estímulo para cambiarlo. Sabemos que el conocimiento es poder, el conocimiento es subversivo y tenemos que conocer qué es lo que está pasando en las universidades para quienes las quieren cambiar en detrimento de quienes se benefician del estado de cosas actual.

Estamos entonces iniciando un diálogo, ya que es la primera vez que discutimos transparencia y universidad. Por lo anterior, propongo un decálogo inicial de los aspectos en que las universidades tendrían que generar información y en qué elementos se tendría derecho al acceso, a la transparencia en la información en la universidad pública.

En primer lugar, el tema del financiamiento. Para las universidades públicas no podría haber ninguna partida reservada; es decir, la Ley Federal de Acceso a la Información señala que algunas dependencias del gobierno federal podrán mantener cierta información reservada por interés publico; se entiende muy bien que la Defensa Nacional no diga qué tipo de radares está comprando para detectar los aviones del narco, o dónde los está instalando, pero las universidades no tienen nada que ocultar en materia de financiamiento. El derecho a la intimidad en materia del uso o manejo de los recursos públicos tiene que ser cero en las universidades; no hay un solo peso que no se pueda explicar y fundamentar a dónde va a llegar, no puede haber una sola partida que sea reservada al acceso del público, no sólo de los universitarios, sino del público en general. Todo el mundo puede saber en qué están usando los recursos, cuál es el presupuesto destinado a las distintas áreas de la universidad, a sus facultades y centros, los salarios netos o las percepciones netas reales de todos los universitarios, desde el rector hasta el último en ordenanza; los estímulos, las becas, el gasto en administraciones, la inversión, las licitaciones, todo lo que es manejo financiero tiene que ser público, transparente.

Para el caso de las universidades privadas, lo que deberían estar obligadas por lo menos a señalar, son los costos reales de la educación, los costos que pagan los estudiantes al año por materia y por crédito. Cada universidad tiene distintas formas de dar a conocer sus cuotas, como inscripciones y pagos por créditos, pero lo que no se dice es que para cursar las materias hay que comprar los materiales que vende la franquicia “MacDonald´s Education”; es decir, hay que ser transparente en ese sentido, los consumidores tiene que saber cuál es el costo real de la educación, las familias tiene que saber cuánto les cuesta enviar un hijo a cada una de esas universidades.

En segundo lugar, tienen que darse a conocer los planes y programas de estudios, indicando cuándo se aprobó el plan, cuándo se modificó y por quién; esto es, tenemos que saber qué tan actualizados están los planes y programas de estudio, si se trata de una modificación cosmética o de un proceso de reforma académica importante. Algunas universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tienen un proceso complejo para la modificación de planes y programas de estudio que resta oportunidad a la ocurrencia, pero hay algunos otros lugares donde se van modificando e inventando planes y programas de estudio según las necesidades del mercado, pero sin ninguna seriedad académica. Habría que crear un capítulo de transparencia en este sentido para saber a dónde están llegando los estudiantes.

Tercero. La información sobre la planta académica. La información sobre la planta académica es fundamental, ¿quiénes son los profesores universitarios? No sólo basta que diga el Tec:¹ “Nuestros profesores enseñan con maestría”, es necesario saber de dónde son esas maestrías. Es decir, hay que conocer los méritos académicos de la planta docente en virtud de que las universidades son espacios meritocráticos; hay que conocer el perfil de los académicos, pues bien sabemos que lo doctor no quita la posibilidad de decir tonterías. Esto nos llevaría a señalar que, a diferencia de lo que señala la Ley Federal de Acceso a la Información y de lo que viene en la minuta que está por aprobar el Constituyente Permanente de Reforma al Art. 6º Constitucional, cuando se habla de transparencia en las universidades no puede haber protección de datos personales en materia de méritos académicos para los profesores, pues si alguien quiere dedicar su vida y ganarse el pan enseñando en una universidad tiene que mostrar sus cartas credenciales, decir cómo le ha ido en las evaluaciones, dónde estudió, qué ha publicado, si asiste a clase o no, cuál es su carga docente; es decir, tenemos que rendir cuentas, porque, en efecto, la autonomía se ha usado como un escudo para dedicarse a simular que se trabaja; por tanto, la obligación de dar a conocer el desempeño de los académicos tiene que ser un antídoto contra la simulación.

Cuarto. Sobre la planta docente, pero ya no sobre sus méritos, sino sobre su carga laboral. Tenemos que saber el número de horas clase que se dan en una universidad; cuántos profesores de tiempo completo hay y cuántos de hora clase, así como la carga docente de cada uno de ellos. Esto puede parecer un tanto farragoso. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hay un número de horas ofrecidas de clase que se corresponde con los distintos programas de licenciatura que ahí se imparte; hay, por supuesto, una planta de profesores contratada para ser eso; parte de esa planta son profesores de tiempo completo que tienen la obligación de dar cierto número de horas y también hay cientos de profesores de asignatura. Pues bien, si se ponen las horas de clase que se deberían impartir en la Facultad frente a la planta de tiempo completo, encontramos que si los profesores de tiempo completo cumplieran con su carga docente, no habría que contratar profesores de asignatura, cuando hay más de 200 profesores de asignatura dando clase. Ahí hay un dispendio de recursos que es inaceptable y eso no lo vamos a tocar si no lo conocemos.

Además hay otro asunto, el país se democratizó para bien y hay una competencia abierta por recursos escasos; la manera legítima en que las universidades compitan por recursos escasos es saber su desempeño. No puede ser ya la decisión discrecional del funcionario en turno, eso ya dejó de ser; tampoco está bien que la decisión surja de la Cámara o del regateo del grupo parlamentario que más cercano esté a las universidades; tiene que haber criterios objetivos para saber qué se está priorizando, qué se está reconociendo, y eventualmente qué conductas se están penalizando. Es decir, los recursos escasos siempre van a ser escasos y la competencia por esos recursos llegó para quedarse, nos conviene que esa competencia sea lo más transparente posible y quede en la menor medida en manos de la discrecionalidad.

En quinto lugar, los maestros, ya no como sujetos obligados, sino como sujetos de derecho. Ahora, después de los años de modernización, la evaluación se ha vuelto prácticamente un evento permanente en la vida de los académicos. Estamos continuamente sujetos a evaluaciones, lo cual está bien, pero quizá haya que revisar cómo se están haciendo estas evaluaciones, pues no puede haber arbitrariedad en la evaluación.

Voy a contar una anécdota. Hay un profesor que salió de la Universidad, pidió licencia para desarrollar distintas actividades fuera de la universidad, regresó y pidió el Programa de Reconocimiento Institucional al Desempeño Docente (PRIDE). Él se incorporó teniendo una trayectoria de veintitantos años en la academia, al mismo tiempo que algunos otros colegas como yo que estábamos regresando del posgrado, incorporándonos en la evaluación. A quienes fuimos evaluados en la Facultad de Economía, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos dieron el PRIDE C, que es la tercera categoría, mientras que a éste otro profesor con mucho mérito y a otra profesora, también conocida en el IFAI, con más trayectoria por supuesto, les dieron el B. ¿Cómo es que a los muchachos les están dando el C, que están debutando, y a los consagrados el B? Pues porque las comisiones evaluadoras en cada escuela son distintas y en un lugar penalizaron a los que eran exitosos: “No, ¿por qué van a ganar más si ya han hecho una carrera?”. Son miserias de la vida universitaria que a nadie sorprenden. Este profesor no impugnó, no tenía ánimo de impugnar, pero sí preguntó al consejo técnico de la facultad: “Quiero saber por qué me tocó ese nivel; no estoy impugnando, sólo quiero saber”. Tres o cuatro meses después le comunican que hay una carta del abogado general de la UNAM respondiendo que esa es información confidencial, reservada. Estamos hablando no necesariamente de una autoridad institucional perversa, pero sí de la existencia de órganos de evaluación colegiados perversos que miden al personal con raseros distintos por motivos gremiales; es sorprendente, que los técnicos académicos tienen más estímulos que los profesores de tiempo completo en algunas escuelas de la UNAM porque son la mayoría y son los que controlan los órganos evaluadores.

Sexto. Datos sobre el estudiantado. Matrícula, ingreso, egreso, titulación, inscripción, presentación de extraordinarios. Tenemos que saber quiénes son nuestros estudiantes, dónde están realmente, cuáles son los criterios de asignación de becas; todo esto con sumo cuidado en el acceso a los datos personales. Considero que los estudiantes tienen derecho a que el historial académico lo conozcan ellos; es decir, si los profesores estamos obligados a dar a conocer cómo nos ha ido en las evaluaciones, los estudiantes no, pues no estimo que sea legítimo que cualquier ciudadano entre a la computadora o al Internet a ver la historia académica de la hija del vecino. No se trata de saber los nombres de los estudiantes, sino de saber cuántos hay, cuántos están yendo a clase.

Séptimo. La transparencia sobre la toma de decisiones de las autoridades. Las autoridades están obligadas a fundamentar sus decisiones y uno tiene, o debería tener, el derecho de conocer por qué se están tomando las decisiones de asignación de recursos, por ejemplo; por qué a unos profesores se les dan tantos viáticos y a otros no. Cada director de centro, facultad o escuela debe llevar un registro de sus decisiones y también, por supuesto, los órganos colegiados. La Ley Federal para los servidores públicos del gobierno federal señala que éstos tienen la obligación de mantener sus archivos actualizados y ordenados; esto debería recuperarse también en las universidades, teniendo archivos ordenados y actualizados de cómo se van tomando las decisiones que tienen importancia medular en el desarrollo de la vida institucional.

Octavo. Las universidades deberían hacer públicos los catálogos de derechos y obligaciones de sus miembros: profesores, trabajadores, estudiantes, autoridades; saber a qué tengo derecho y a qué estoy obligado. Si somos sujetos de derechos, somos sujetos de obligaciones.

Noveno. Acceso a datos personales. No sólo en materia de evaluación, sino los expedientes de todo profesor, trabajador administrativo o estudiante, todos los datos que la universidad posea acerca de sus actores, deberán estar al alcance de éstos. Ese es un principio reconocido en todas las legislaciones internacionales que han desarrollado el derecho a los datos, al expediente propiamente. Hay antecedentes en materia de salud donde, por ejemplo, había hospitales que decían que ellos eran los dueños del expediente del paciente y no se lo daban a conocer, cuando el dueño es el paciente y el hospital tiene una copia, pero quien es el principal interesado es el paciente. También las universidades deberían dar ese derecho a todos sus miembros.

Finalmente, diez. Hay que hacer públicos los resultados de las evaluaciones internas y externas a las universidades. Tenemos que saber qué está pasando; no es que el documento Fortaleza y debilidad esté confiscado, no, se encuentra en la hemeroteca. El problema es que los datos con los que se construyó Fortaleza y debilidad ya no son públicos; es decir, si se quiere saber el desempeño de los maestros, saber cuántos están dando clase, esa información ya no está disponible. Actualmente, esa información ya no se conoce y sin embargo, se siguen levantando estadísticas de todo tipo. Por lo tanto, hay que hacer públicas las evaluaciones internas y externas.

Este ha sido un breve decálogo de puntos que, si estuvieran a la disposición del público, harían de la vida universitaria una vida totalmente distinta, donde la opacidad tendría poco espacio para moverse.

Notas