Pierina Ferretti y Jaime Massardo*
Universidad de Valparaíso
Cuando algunos grupos de estudiantes secundarios de los liceos de Santiago ocuparon sus establecimientos el día 19 de mayo pasado exigiendo el cumplimiento de un conjunto de reivindicaciones que habían venido siendo presentadas a lo largo del año 2005 a las autoridades del pasado gobierno de la Concertación (coalición política integrada principalmente por socialistas y democratacristianos, en el poder desde 1990), la actitud de los nuevos personeros del gobierno de Michelle Bachelet fue más bien displicente. “Se trata de estudiantes secundarios sin experiencia”, señaló, por ejemplo, Alejandro Traverso, alto funcionario del Ministerio de Educación, mientras otros trataban de reducir el problema a un asunto de orden público y amenazaban con “adoptar las medidas necesarias”, sin descartar, como dijo el ministro de Educación, Martín Zilic, “el ingreso de carabineros para desarticular el movimiento”.1 Los informativos de prensa y televisión, por su parte, cubrieron muy parcialmente la noticia, y durante el 21 de mayo, en la ciudad de Valparaíso, en el tradicional mensaje presidencial al Congreso para hacer un balance anual del estado del país, el tema no fue ni siquiera evocado. Todavía el 24 de mayo, en declaraciones a la cadena Chilevisión, el ministro Zilic decía, buscando dividir a los estudiantes, que “nosotros estamos dispuestos a dialogar sólo con los jóvenes que no ejerzan medidas de presión, ocupaciones de colegios, protestas en las calles, o actos de violencia como los que hemos visto la semana pasada”.2
Esta desatención por parte de La Moneda en relación con las necesidades de los estudiantes secundarios no dio muestra de ser una apreciación políticamente muy fina. A los pocos días del mensaje presidencial, las “tomas” (ocupaciones de liceos) se habían triplicado, la movilización hacía eco en la opinión publica y el tono displicente de las autoridades de gobierno se transformó apresuradamente en una paternalista sonrisa que buscaba presentarse como “comprensión”, como una “quasi complicidad”. “Las puertas del ministerio están abiertas”, decía ahora el ministro Zilic.3
Sin embargo, era algo tarde, y el gobierno, al no atender en su momento las demandas del movimiento secundario que venía movilizándose desde hacía varias semanas, había desaprovechado una magnífica oportunidad. El 26 de abril recién pasado los estudiantes habían llegado pacíficamente al Ministerio de Educación para entregar un pliego con sus demandas y, como en los mejores tiempos de la dictadura, las fuerzas de carabineros (policía uniformada) los recibieron con un carro lanza-aguas y detuvieron a 47 estudiantes.4 El 4 de mayo volvieron a salir a la calle. Esta vez se registraron un total de 622 detenidos y una estudiante del Liceo Amunátegui resultó gravemente herida. 5 El 9 de mayo la movilización había rebasado la capital y se transformaba en una protesta nacional que iba a dejar un saldo de un total de 1,042 detenidos, casi 800 de ellos en Santiago.6 Las manifestaciones mostraron esta vez –y sería una característica permanente en las movilizaciones subsiguientes– la presencia de numerosos encapuchados, aparentemente en gran parte sin relación con el movimiento estudiantil y, probablemente, dentro de ellos muchos agentes provocadores de la misma policía, los que se libraron al saqueo, dañaron la propiedad pública y privada y dejaron cuatro carabineros heridos.7 El miércoles 17 de mayo, ante la represión policial, los estudiantes se veían obligados a refugiarse en la escuela de Derecho de la Universidad de Chile, dejando un saldo total de 566 detenidos en Santiago y otros 136 en provincia.8 De allí en adelante las movilizaciones adquirirían un carácter permanente, planteándose objetivos de mayor envergadura. “Para el martes 30 nosotros estamos convocando a una jornada final de movilizaciones... no vamos a dejar los paros y no vamos a dejar las tomas hasta que el gobierno nos dé una solución”, señalaba a la prensa María Jesús Sanhueza, una de las voceras del movimiento.9
Una consecuencia visible durante esas semanas de represión fue el cambio de táctica de los estudiantes. Temiendo que la presencia de infiltrados de las fuerzas policiales continuase rebasando las formas pacíficas en que se había inspirado el movimiento, el 26 de mayo la Asamblea llamaba a ocupar los liceos y a no salir más a la calle. “Por el desprestigio que nos estaba trayendo la marcha, el poco control que podemos tener de eso. Entendemos que la toma es la única medida para controlar totalmente lo que está pasando”, indica Cesar Valenzuela, otro de los voceros de los estudiantes. La idea es ahora realizar “actos culturales que se enmarquen dentro de jornadas reflexivas”, señala Karina Delfino, también dirigente estudiantil, proponiendo “que los establecimientos abran sus puertas para hacer foros y debates sobre los temas que preocupan a los jóvenes”.10
Estas movilizaciones no tenían por supuesto nada de una crisis adolescente. Lo que los estudiantes exigían a las autoridades era un conjunto muy preciso de reivindicaciones que habían venido madurando durante largos meses al calor de las asambleas estudiantiles. Demanda de supresión de pago de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que permite el ingreso a la universidad y que este año tiene un costo de $ 19.660 (unos 30 Euros), equivalente a una sexta parte del salario mínimo de un trabajador (Smig). Financiamiento de la Jornada Escolar Completa (JEC) en materia de raciones de alimentos y horas para la cultura y el deporte. Derogación de la municipalización de la enseñanza que iguala en abstracto las comunas ricas y las comunas pobres. Petición de un pase escolar gratuito para la movilización colectiva. Y el tema de fondo: la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE),11 promulgada el 10 de marzo de 1990, literalmente el último día de la dictadura militar y que, operando como una prolongación en el terreno de la educación de la lógica neoliberal que domina el conjunto del modelo, entrega fondos públicos a “sostenedores” (empresarios privados que son dueños de escuelas) que lucran con la venta de educación como pudiera lucrarse vendiendo coca-cola o cualquier otra mercancía, sin que exista ningún control social o estatal sobre su funcionamiento, reproduciendo de esta manera, en el terreno de la educación, la misma lógica de mercado y las mismas diferencias de clase que traspasan al conjunto de la sociedad. Con estas peticiones los estudiantes recogían un sentir mayoritario, no sólo por parte de los educandos sino también el de profesores y de padres y apoderados que, con otros roles, forman parte del mismo sistema educacional, haciendo visibles las profundas desigualdades existentes en el país.
Los liceanos no actuaban tampoco sobre bases improvisadas. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) estaba regida por una democracia directa, cuyo carácter y funcionamiento reflejaba la organización y el grado de identidad que había logrado construir el movimiento estudiantil, así como su autoconciencia de actor colectivo. Delegados de los liceos de todo el país entregaban a la Asamblea una representatividad democrática incuestionable, dándole una unidad nacional a las distintas asambleas de provincia hasta ahora existentes. Sus voceros podían ser reemplazados en todo momento, mostrando la horizontalidad del movimiento. Sus dirigentes, que lograrían una dimensión altamente mediática a lo largo del conflicto mostraban una enorme seguridad en sí mismos y en las posiciones que representaban. El “nosotros” con que se expresaban frente a la prensa y a la televisión revelaban, además, un universo de representación de lo político que se oponía vivamente al “yo” que precede el discurso de la clase política, e ilustra mejor que mil ejemplos el cambio de época, la mutación cultural y la modificación de la subjetividad que viene tomando forma en el rincón más austral del planeta.
No obstante, en lugar de asumir la iniciativa y recoger las reivindicaciones estudiantiles, La Moneda parecía apostar a que el conflicto se fuese resolviendo por sí mismo –lo que en el Chile de hoy puede interpretarse como dejarlo a la “mano invisible” del mercado–, de tal manera que, en la movilización del día 30 de mayo, la policía de carabineros, sin instrucciones precisas, dio rienda suelta a toda suerte de barbaridades. Las víctimas no fueron esta vez solamente los estudiantes. También los periodistas fueron brutalmente golpeados en incidentes que fueron captados por las cámaras de televisión de algunos profesionales y por lo tanto vistos por todo el país, provocando una ola de repudio de tal magnitud que la presidenta de la República, luego de una larga conversación con Alejandro Guillier, presidente del Colegio de periodistas, se vio en la obligación de cesar en sus funciones al coronel de carabineros que había comandado la operación.12
La brutalidad de la represión, la claridad de los objetivos de los estudiantes, la autoridad moral que éstos fueron manifestando a lo largo del conflicto y la enorme simpatía natural que mostraron sus dirigentes ante las cámaras de televisión, fueron concitando adhesiones al movimiento en sectores cada vez más significativos de la ciudadanía. Tanto por su lenguaje como por su estilo riguroso y decidido, los estudiantes avanzaron en la construcción de una suerte de contra-hegemonía. Sosteniendo un diálogo permanente con las autoridades, fueron cavando las trincheras de una guerra de posiciones que les permitió acumular fuerza y trasladar su lucha de un nivel gremial a una escala nacional.
Luego de la jornada del 30 de mayo las conversaciones se reabren. La posición inicial del ministerio de Educación que buscaba “dialogar sólo con los estudiantes que no estuviesen en “paros” o “tomas”, era abandonada, y la presidenta manifestaba que este cambio no representaba “ninguna contradicción” del Ejecutivo, al mismo tiempo que el vocero de gobierno, Ricardo Lagos –hijo del ex-presidente de la República del mismo nombre–, señalaba que esperaba que “comenzara un diálogo constructivo, de muy buena fe” con los estudiantes.13 Sin embargo, como podía esperarse, el diálogo se fue empantanando, y al no encontrar una salida por esta vía, los estudiantes llamaron a un paro social de carácter nacional para el lunes 5 de junio. “No estamos conformes con la respuesta del gobierno –dijo Juan Carlos Herrera, otro de los voceros estudiantiles–, no obtuvimos propuestas por parte del ministro de Educación, esperamos que el viernes sí se den soluciones porque hay un ultimátum y de no ser así la movilización nacional del día lunes sigue en pie y la convocatoria a todo el pueblo chileno a manifestarse”.14
En el intertanto, sorpresivamente, el primero de junio, la presidenta se dirigió al país en una cadena nacional de televisión y ofreció un paquete de soluciones que, en parte, recogían efectivamente las demandas estudiantiles. Incremento a la concesión de becas para cubrir el costo de la PSU; aumento del número de jóvenes que recibirán almuerzos en los colegios; uso del pase escolar sin limitaciones de días ni de horas y programa extraordinario de mejoramiento en la infraestructura en 520 colegios. La Presidenta ofreció además –cuestión de fondo– constituir un Consejo asesor presidencial para examinar el problema de la educación y la redacción de un nuevo estatuto. Urgía sin duda que los estudiantes depusieran el paro nacional del lunes 5 de junio para que ella pudiera realizar sin una mala imagen un viaje a Estados Unidos planificado para la semana siguiente. Los estudiantes, actores involucrados directamente en el problema de la educación, solicitaron no obstante algo que, pese a ser muy elemental, La Moneda no había contemplado en su ofrecimiento: ser incluidos en este comité asesor así como también que fueran incluidas las expresiones de la sociedad y las agrupaciones sociales que son partícipes de la misma.
Con esta contradicción no resuelta, o más bien fundamentalmente por ella, se llega al paro social a escala nacional del lunes 5 de junio. Más de un millón de estudiantes, es decir, la abrumadora mayoría de los estudiantes secundarios del país, se pusieron a la cabeza de este paro de 24 horas, llamando a manifestarse pacíficamente, ocupando los liceos y otras sedes.15 Unos 400 mil universitarios se sumaron a la jornada que también apoyaron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de profesores, la Asociación nacional de empleados fiscales (Anef), y la Confederación nacional de trabajadores de la salud (Confenats), la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos. En provincia, particularmente en las ciudades de Valparaíso y Concepción, pudo apreciarse cómo las organizaciones sociales y los estudiantes universitarios se movilizaban en apoyo a los estudiantes secundarios. El paro cumplió su objetivo. ¡Estudiantes que en su mayoría no llegan a los 18 años lograron concitar un apoyo a escala nacional y paralizar el país!
A todas luces, hasta ese momento la iniciativa era retenida por los estudiantes. Sin embargo, una demanda central, diríamos el nudo central del problema, la derogación de la Loce y la participación de estudiantes y los sectores sociales involucrados en la discusión de un nuevo reglamento y en la redacción del mismo, permanecía aún sin resolver. El 6 de junio –aparentemente sin preocuparse del anunciado fin del mundo– los estudiantes ocuparon pacíficamente la sede local de la Unesco, invitando a esta organización a participar en las conversaciones sobre el tema como una suerte de carta garante, y poniendo sobre el tapete la relación entre el movimiento y los déficit de la sociedad chilena. Así, el debate se generaliza. El 7 de junio los dirigentes de la Asamblea son invitados a Valparaíso, al Congreso Nacional, a un supuesto diálogo donde varios diputados de gobierno y oposición hacen ver sus puntos de vista a los estudiantes, pero que, en el momento de la réplica de éstos, comienzan a abandonar discretamente el recinto. Era explicable, era la hora de almorzar...16
Así, a pesar del enorme consenso en la sociedad que lograban las demandas de los secundarios, la clase política no sacaba lecciones y, en lugar de reflexionar sobre la actualidad de la problemática social y cultural que los estudiantes colocan ante sus narices, continuaba concentrando su atención en que el paro concluyera antes que la presidenta viajara a Estados Unidos donde, invitada por Condolleza Rice, iba a ser recibida por George Bush para ponerse de acuerdo con el gobernante americano en la noble misión de combatir “el eje del mal” en América Latina, formado en este caso por Bolivia, Cuba y Venezuela. Los nombres de los designados al Consejo asesor presidencial fueron entonces dados a conocer cuando la presidenta estaba ya casi en el avión.17 Y entonces –¡oh, sorpresa!–, la lista estaba constituida por setenta y cuatro personeros, lo que no sólo hacía un Consejo muy poco operativo sino que, peor aún, la gran mayoría de ellos provenía de los grupos conservadores, preclaros defensores de una educación de mercado, ligados a grandes empresarios de derecha, al Opus Dei, a los legionarios de Cristo y a ex autoridades de la dictadura. “Alrededor de un 70 por 100 de los miembros del Consejo –manifestó el 11 de junio el dirigente estudiantil Juan Carlos Herrera, a Chilevisión– no comparten los planteamientos de los estudiantes”.18
A esas alturas del desarrollo de la lucha estudiantil, la Asamblea, desgastada por la inmensa actividad de los días de ocupación de los liceos, comienza a pensar que, con todo, y a pesar de su frustración por el resultado de la composición del Consejo asesor presidencial, había obtenido un margen razonable de avance y que, dadas las condiciones, convenía deponer las tomas. Dos factores exteriores comenzaban también a incidir: las lluvia australes que comenzaban a inundar una buena parte del país y el inicio del campeonato mundial de futbol que, indudablemente, le iba a quitar protagonismo al conflicto. El día 8 la Asamblea acuerda deponer el paro y volver a los liceos. El mayo de los estudiantes secundarios chilenos había concluido.
Durante su desarrollo, sin embargo, el movimiento había puesto en el tapete de la discusión diversos temas que contribuyen a ampliar el horizonte del debate político y a ir reconstituyendo una mirada crítica a la lógica que organiza la sociedad chilena, mostrando, quizá por primera vez durante el régimen de continuidad neoliberal de los gobiernos de la dictadura militar (1973-1990) y de la Concertación (1990-2006), la existencia de una crisis larvada que venía carcomiéndola desde su interior; un malestar –por usar la expresión de Freud– que había permanecido como una suerte de tabú durante el reino de los militares, y que no había logrado salir a la superficie con la suficiente fuerza en el momento de la administración civil del modelo. La irrupción de los estudiantes y con ellos la irrupción de los movimientos sociales que les han venido acompañando han develado la existencia de este malestar, poniendo en cuestión el sentido común que impuso la dictadura a la sociedad chilena y que han venido perfeccionando los diversos gobiernos de la Concertación. La solución a las demandas del movimiento no puede avizorarse sin cuestionar también entonces, como lo señalaban los estudiantes durante la ocupación de la Unesco, el conjunto de la estructura económica, cultural, social y política existente en Chile.
El sistema educativo del país se compone de cinco subsistemas cerrados y excluyentes: el particular pagado; el particular subvencionado por el Estado con financiamiento compartido, donde los padres pagan una cuota mensual; el particular subvencionado por el Estado sin financiamiento compartido; el municipal de comunas ricas y el municipal de comunas pobres. Un 8 por 100 del total de los estudiantes chilenos concurren a 930 establecimientos privados que no reciben subsidio estatal y que sus familias pueden cancelar las elevadas mensualidades que cobran, Un 42 por 100 lo hace en los establecimientos privados subvencionados por el Estado y el 50 por 100 restante asiste a los colegios municipalizados. Los resultados de esta organización clasista de la educación, inadmisible en una república y menos aún en una democracia, arroja resultados alarmantes. La prueba internacional Timms, que mide los conocimientos de los alumnos de octavo año básico en ciencias y matemáticas en 49 países, dejó a Chile en los últimos puestos, similar a lo conseguido por los alumnos de Egipto, Indonesia, Marruecos, Filipinas y Palestina. La prueba nacional Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) ratifica anualmente la mala calidad de la educación pública, en la que sólo el 10 por 100 de los alumnos de los sectores socioeconómicos medio bajo y bajo superaron los puntajes mínimos. Algo parecido sucede con la Psu, la misma que los estudiantes exigen su gratuidad: de los 100 colegios con mejores puntajes, 97 son particulares y sólo tres municipales, y además de la ciudad de Santiago. Esos colegios particulares tienen una cuota mensual que supera ampliamente el salario mínimo de un trabajador chileno, sentenciando el futuro de los niños más pobres dejándolos fuera de las posibilidades de prosperar, reproduciendo la desigualdad.19
Acudir a la memoria histórica de la sociedad donde se inscriben estas cifras puede resultar de gran utilidad. “El gasto público en educación es bajo, el 4,1 por 100 del Pib –escribe el economista Hugo Fazio– mientras en el gobierno de Salvador Allende alcanzó a un 7 por 100”.20 A todas luces, el país requiere, tal como lo plantea el movimiento estudiantil, una transformación profunda de su sistema educacional, recuperando el Estado su papel rector en un sistema donde la totalidad de los actores involucrados en la problemática educacional tengan una presencia democrática en la gestación de las políticas educacionales y en la gestión de ellas.
Por otra parte, no se puede dejar escapar que el paro de los estudiantes secundarios ha contribuido a detener el proceso de derechización creciente que era posible advertir en la sociedad chilena; proceso que, memoria corta mediante y operando sobre la base de la despolitización impuesta por la Concertación –“gobernabilidad” obliga– había venido abriendo el apetito de la Unión Demócrata Independiente (Udi) y Renovación Nacional (Rn), los partidos de derecha tradicional, que son, dicho sea de paso, los autores intelectuales de la Loce.21 Gracias a la movilización de los estudiantes, los sicarios del neoliberalismo chileno han debido hacer públicos sus vínculos con el negocio de la educación. La Udi ha explicitado que cualquier compromiso “no debe sustentarse en la posibilidad de contar con los votos de la derecha para reformar la Loce”,22 mientras su presidente, Jovino Novoa, busca enfriar el oportunismo de sus congéneres y sale a la palestra defendiendo “la libertad de educación”,23 léase la libertad de comerciar con la educación.
Las formas de hacer política por parte de la Concertación han sido igualmente desenmascaradas por la movilización de los estudiantes. Un estilo de gobierno basado en la auto-complacencia, en fórmula personales, en la desmovilización del movimiento popular en cuyas espaldas llegaron al poder, en pensar la clase política como la única que puede estar a cargo de las decisiones políticas, en dejar que sea el mercado el que regule los medios de comunicación y la vida social en su conjunto, en el que ha prevalecido el silencio sobre el compromiso histórico con los derechos humanos y la deuda social que éstos significan, dejando a los mismos Tribunales de justicia de los tiempos de la dictadura la labor de juzgar a torturadores y asesinos, incluido por supuesto el mayor de todos –¡Poncio Pilatos no lo hubiera hecho mejor!–, ha sido puesto en jaque por la fuerza de la movilización estudiantil.
Estamos, entonces, quizá por primera vez en estos treinta años de salvajismo neoliberal, en presencia de una generación que se atreve a exigir su participación en la construcción de un sistema democrático. Realizar esta democracia será, sin embargo, imposible si quienes generan la riqueza social, si quienes producen los bienes materiales y simbólicos para la sociedad no tienen derecho a determinar colectivamente el destino de estos mismos bienes. La irrupción del movimiento social liderado por los estudiantes en el mes de mayo ha sido capaz de abrir un debate de connotación estratégica y, más allá de eso, ha sido capaz de abrir un espacio de esperanza para, por fin, encontrar un camino de transformación de la sociedad chilena que sea capaz de democratizar el conjunto de las instancias de la vida social.
Valparaíso, junio de 2006
Notas
* Colaboradores permanentes de Le Monde diplomatique (edición chilena).
1. La Nación, Santiago de Chile, viernes 19 de mayo de 2006.
2. Noticiero central de Chilevisión, miércoles 24 de mayo de 2006.
3. La Nación, Santiago de Chile, lunes 29 de mayo de 2006.
4. La Nación, Santiago de Chile, jueves 27 de abril de 2006.
5. El Mercurio, Santiago de Chile, viernes 5 de mayo de 2006.
6. La Nación, Santiago de Chile, miércoles 10 de mayo de 2006.
7. La Tercera, Santiago de Chile, jueves 11 de mayo de 2006.
8. La Nación, Santiago de Chile, miércoles 17 de mayo de 2006.
9. La Nación, Santiago de Chile, viernes 26 de mayo de 2006.
10. Ibidem.
11. Cf. Ministerio de Educación Pública, ley 18962, promulgada el 10 de marzo de 1990.
12. Las Ultimas Noticias, Santiago de Chile, lunes 5 de junio de 2006.
13. La Nación, Santiago de Chile, martes 30 de mayo de 2006.
14. La Nación, Santiago de Chile, miércoles 31 de mayo de 2006.
15. El Mercurio, Santiago de Chile, lunes 5 de junio de 2006.
16. Noticiero central de Chilevisión, domingo 7 de junio de 2006.
17. El Mercurio, miércoles 7 de junio de 2006.
18. Noticiero central de Chilevisión, domingo 11 de junio de 2006.
19. La Nación, Santiago de Chile, domingo 11 de junio de 2006; Punto Final, Santiago de Chile, semana del 2 al 15 de junio de 2006, passim.
20. Fazio, H. (2006). La rebelión de los pingüinos y los “amarres” de Pinochet. Santiago: Cenda.
21. Ercilla, Santiago de Chile, semana del 5 al 18 de junio de 2006.
22. El Mercurio, Santiago de Chile, viernes 2 de junio de 2006.
23. Ibidem.
