Agregó que la UVI tendrá un papel preponderante en la aplicación de esta ley toda vez que participará en la integración del Consejo Consultivo del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas. “Nuestra obligación será vigilar que el Consejo se desempeñe conforme a derecho, que represente los intereses de las comunidades”.
Dijo que, aun cuando esta ley no cumpla con todas las necesidades de justicia de los pueblos indígenas, se trata de un valioso instrumento para la defensa de sus derechos, como el derecho a la autonomía y a la autodeterminación.
“Toda ley es perfectible. Esperamos que haya voluntad política y sensibilidad de los diputados y se mantenga el interés de estudiantes y docentes de la UVI y de los actores sociales de las comunidades, para continuar haciendo propuestas que la mejoren”.
El responsable del Departamento de Derechos de la UVI comentó que uno de los principales problemas que sufren las comunidades indígenas en cuestión de impartición de justicia es el desconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución y en algunas leyes específicas.
Gran parte de esta desinformación se debe a que las instancias de procuración de justicia no trabajan de manera preventiva en la promoción de los derechos y sólo se abocan a la resolución de los conflictos. En ese sentido, Daniel Bello explicó que durante una investigación sobre sistemas normativos para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se aplicaron encuestas en nueve comunidades de la Huasteca con resultados preocupantes; sólo dos por ciento de la población ha oído hablar sobre los derechos indígenas establecidos en el artículo segundo de la Constitución. “Eso nos revela que no hay una difusión suficiente y efectiva”.
Indicó que hay un gran abandono por parte de las instancias estatales y federales encargadas de difundir los derechos de los pueblos indígenas, pues no lo hacen de manera frecuente y, por tanto, su impacto es apenas perceptible.
Otro de los problemas es que hay muchos rezagos en la impartición de justicia, debido, principalmente, a que en las regiones indígenas apenas hay un juzgado mixto, no hay juzgados de materia penal ni de materia civil. “Y en el caso de otras instancias como los Ministerios Públicos, algunas veces tienen agencias auxiliares, dependiendo del tamaño de los municipios, pero no pasan de dos”.
Detalló que, en muchos casos, los afectados por alguna injusticia se acercan a las sedes interculturales en busca de alguna orientación, lo cual refleja la confianza que tienen las comunidades en la Universidad. Dijo que en la UVI se imparte la experiencia educativa en Derechos Humanos, durante la cual los estudiantes deben implementar talleres de difusión en las comunidades, en coordinación con algunas instancias como la CDI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como organizaciones indígenas y de la sociedad civil.
La idea es que los estudiantes, una vez egresados o como prestadores de servicio social, puedan fungir como promotores de los derechos indígenas y brindar asesoría. “Por eso es importante que vayan tejiendo vínculos con las instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y actores sociales”.
Expuso que las principales preocupaciones de los alumnos de la Orientación en Derechos de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo tienen que ver con temas como la participación comunitaria, resolución de conflictos, sistemas normativos comunitarios, conflictos agrarios, además de la reivindicación de un derecho propio de los pueblos indígenas conocido como usos y costumbres.
