Las instituciones educativas deben promover y participar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y no considerarlos como un mero objeto de estudio e investigación, consideró Jaime Hernández Lamas, responsable de Justicia y Autonomía de la Región Sur de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Invitado por la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), Jaime Hernández impartió la conferencia “Ayotitlán: la lucha de un pueblo indígena por la defensa de sus derechos”, en las instalaciones de Casa UVI, ubicada en Morelos número 44, en el centro histórico de Xalapa.

El ponente compartió su experiencia de trabajo como asesor jurídico de las comunidades nahuas del sur del estado de Jalisco en la UACI, desde donde promueve el reconocimiento y respeto por los derechos territoriales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas.

“Con los nahuas encontramos un problema muy grave de violación a los Derechos Humanos y colectivos. Era común que la policía entrara a las comunidades y se llevara a los pobladores o sustrajera sus pertenencias. Nuestro primer paso fue atacar esta situación y posteriormente trabajamos con el asunto de los derechos agrarios”, comentó.

Explicó la manera en que, a través de una extensa labor de documentación, la UACI logró el reconocimiento de los derechos de más de 800 indígenas y promovió la formación de comités de defensa de los Derechos Humanos en varias comunidades de la zona sur de Jalisco, acciones mediante las que se logró incidir de manera directa en el panorama general de los Derechos Humanos.

Señaló que una de las principales actividades de la unidad es dar asesoraría jurídica a los pobladores de Ayotitlán, comunidad nahua asentada en el sur de Jalisco, para solucionar los conflictos originados por las actividades de extracción que realizan empresas mineras en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán.

“Lo que está ocurriendo es que estas compañías, por el sólo hecho de contar con una concesión, se sienten con derecho a extraer minerales sin cumplir con una serie de requisitos establecidos en las leyes que regulan la actividad minera y protegen el equilibrio ecológico”, detalló.

Hernández Lamas expuso que la UACI se creó en 1994, a raíz del contacto establecido con algunos líderes indígenas que se acercaron a la UdeG para solicitar asesoría jurídica, ante la falta de acceso a la justicia y el desconocimiento de sus derechos.

En ese sentido, destacó la importancia que tiene la participación de las instituciones educativas en la defensa de los derechos indígenas.

“Cuando se creó nuestra unidad nos propusimos utilizar una metodología encaminada a lograr que la propia gente visualizara sus problemas y participara en la solución. Desde entonces, hemos tratado de acompañar a los pueblos indígenas en su lucha por el reconocimiento de sus derechos, en vez de verlos solamente como objeto de estudio”, puntualizó.

Por su parte, Fortino Domínguez Rueda, corresponsable del Área de Vinculación de la UVI, hizo un reconocimiento a la trayectoria de Hernández Lamas enfocándose en su trabajo con los indígenas de Ayotitlán, el cual ha contribuido a romper con “la visión monocultural con la que –en algunos casos– se trata este tema”.