• Académicos del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales reflexionaron en torno al centenario de la Constitución
• Destacaron que el reparto agrario dejó pendientes

José Galindo, el moderador Luis Juventino, Michael Ducey, Olivia Domínguez, Ricardo Corzo y Martín Blázquez

David Sandoval Rodríguez

Xalapa, Ver. 16/02/17.- Existen muchos paralelismos entre lo que actualmente vive el país y las condiciones de injusticia que lo privaban hace un siglo y que fueron el detonante para la revuelta armada, apuntó Ricardo Corzo Ramírez, académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) de la Universidad Veracruzana (UV), al participar en el Foro Académico “Cien años de la Constitución de 1917: diálogos interdisciplinarios”.

El investigador señaló que hay una lista de agravios en todos los terrenos de la vida social y la vida pública, “el estado de derecho está en una situación de excepción y hoy en día podríamos decir que tenemos una Constitución que es una mezcla nacional del Estado con una visión de justicia social que busca cada vez más ser individual”.

En esencia prevalece la esperanza de que al restablecer el estado de derecho será posible hacer que opere la justicia, comentó Corzo Ramírez, quien retomó el planteamiento del jurista Diego Valadés Ríos sobre un paralelismo entre las condiciones de hace un siglo y las actuales: existe una “desconstitucionalización”, que quiere decir la no aplicación de la norma, su distorsión y la parcialidad en su aplicación.

“La hazaña de los constitucionalistas fue haber asumido la cultura de la ética y de una justicia distributiva, que en su momento respondieron a las exigencias de su tiempo; hoy en día son otras las exigencias pero las mismas causas de injusticia parecerían presentarse.”

En la mesa “La constitución en el campo: transformaciones constitucionales y realidades agrarias” participó además José Galindo Rodríguez, del IIH-S, quien señaló: “Es posible afirmar que durante siglos la distribución y el control en el uso de la tierra comunal fue jerárquica y profundamente desigual”.

Una vez más, como en muchas problemáticas que enfrenta este país, el poder de la élite política, vinculada con la económica, juega en contra de aquellos actores económicos que tienen la intención, pero no los recursos o influencia para tener éxito, destacó.

Michael Ducey, también del IIH-S, habló sobre la construcción de una narrativa revolucionaria que transformó la memoria del despojo porfirista.

“La Constitución y la Ley Agraria de 1915 tenían el propósito de producir una narrativa nacional capaz de convencer a los mexicanos de que los constitucionalistas contaban con un proyecto que prometía resolver los problemas y pacificar al país, aspirando a transformar una disputa política violenta, con múltiples orígenes y tensiones sociales, en una historia simplificada sobre los despojos y abusos del Porfiriato”, detalló.

Los historiadores deben reflexionar sobre cuál es la visión del campesino y el indígena en el discurso revolucionario, “porque se ignoran las realidades y complejidades que ocurren alrededor del reparto agrario, debemos entender los contextos sociopolíticos en los que ocurren los despojos, como sucede hoy mismo”.

Olivia Domínguez Pérez, investigadora del IIH-S, propuso una reflexión más profunda sobre quiénes fueron los beneficiados por el reparto agrario de 1915, enfocándose como tema de estudio a las localidades de Alvarado, Medellín y Santa Fe, aledañas al puerto de Veracruz.

Los primeros beneficiados fueron los colonos que arrendaban a los grandes hacendados de la región y obtuvieron propiedades de 10 hectáreas. Sin embargo, en la actualidad estos terrenos pertenecen a ganaderos que invierten en la cruza y mejoramiento genético, muy distinto a la producción de caña que los caracterizó al iniciar el siglo XX y que difiere de los pequeños cultivos del campesinado en la región.

Por su parte, el historiador y economista Martín Blázquez Ojeda contó que uno de los primeros repartos agrarios posterior a la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza en Veracruz, ocurrió el 9 de febrero del mismo año con la expropiación de ocho mil hectáreas a la hacienda de Tenextepec, a las faldas del Cofre de Perote.

Fueron los constitucionalistas bajo el mando del gobernador interino Cándido Aguilar, quienes resolvieron la acción agraria a beneficio de los campesinos, en la que podría considerarse uno de los primeros resultados de la Ley Agraria, no sólo en la entidad sino en la República.