• Alfredo Zavaleta, investigador del IIH-S, dijo que el objetivo es solucionar los conflictos sociales y controlar diferentes tipos de violencia

Alfredo Zavaleta Betancourt dictó conferencia magistral a estudiantes de la Maestría en Seguridad y Derechos Humanos

Paola Cortés Pérez

Xalapa, Ver., 22/02/2017.- Los ciudadanos y los académicos deben recuperar e impulsar una política de seguridad ciudadana que ha sido bloqueada por el Estado mexicano, consideró José Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV).

Como parte de las actividades de bienvenida a la primera generación de la Maestría en Seguridad y Derechos Humanos que imparte el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs), Zavaleta Betancourt ofreció la conferencia magistral intitulada “Los obstáculos de la seguridad ciudadana en México”.

Comentó que en el país se ha perdido el significado de las palabras “seguridad pública”, tal como lo demuestran los índices de violencia que han crecido en los últimos años, por ello la importancia de retomar e impulsar la seguridad ciudadana.

“No debe ser considerada como la seguridad del Estado o del gobierno porque busca solucionar los conflictos sociales y controlar diferentes tipos de violencia, por ello su énfasis es en la prevención social, comunitaria y psicológica de los problemas; piensa en la necesidad de una cultura de la legalidad, en el desempeño eficaz de las autoridades judiciales y policiales, y en la prestación de un servicio a los ciudadanos.”

Sin embargo, el Estado mexicano ha bloqueado toda estrategia e intento de seguridad ciudadana, de ahí que la academia y la sociedad civil presionen para las políticas de prevención, las cuales ya no cuentan con el apoyo y financiamiento por parte de las instituciones gubernamentales, porque la mayor parte de los recursos económicos son destinados a las agencias de seguridad nacional.

“Algunos académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través de datos proporcionados por los organismos de seguridad del país, han demostrado que los enfrentamientos entre el ejército, la marina y la policía federal han sumado más muertos, y concluyen que el índice de legalidad se ha convertido una política de asesinato del Estado; es decir, detrás del discurso de negarles derechos a los delincuentes hay una estrategia de aniquilamiento, al considerar que no se puede conceder derechos a quien ha actuado fuera de la ley.”

De ahí, apuntó, es prioritario que la seguridad ciudadana no se reduzca sólo a programas preventivos, también debe buscar la contención y disminución de los delitos y la violencia.

La contribución de la academia es fundamental y puede hacerlo a través del desarrollo de diagnósticos de la violencia, evaluaciones, la implementación de las políticas de seguridad y de los programas de prevención federales, “tenemos un campo de trabajo inmenso que podemos convertir en una agenda del posgrado”.

Por último, Zavaleta Betancourt señaló que a nivel estatal es obligatorio repensar las reformas de justicia penal y judicial que están pendientes; evaluar los programas municipales y las políticas sectoriales de seguridad; así como revisar la propuesta del gobierno actual en la materia y monitorear su cumplimiento.