
Manlio Fabio Casarín León.
Susana Castillo Lagos
Académicos e investigadores de la Facultad de Derecho, campus Xalapa, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), coincidieron en que la vigencia y legitimidad de la Constitución debe recaer en la sociedad, independientemente de establecer las normas jurídicas que la rigen.
Lo anterior durante la primera mesa de trabajo del Coloquio Iberoamericano Estado Constitucional y Sociedad, organizado por la UV a través del Cuerpo Académico Ratio Legis de la Facultad de Derecho, campus Xalapa.
Manlio Fabio Casarín León, director de la Facultad, opinó que el proceso de constitucionalización en México está lleno de claroscuros. Para ejemplificar los avances, citó la reforma al Artículo 1 de la Constitución –realizada en 2001– mediante la cual se incluyó a la dignidad humana como principio del ordenamiento constitucional.
“Lejos de tener una aplicación contextualizada al ámbito de la no discriminación, puede generar un referente interpretativo para los actores del Estado y la sociedad, para que todo acto que involucre un derecho fundamental tenga como base el respeto a la dignidad de la persona.”

Bertha Alicia Ramírez Arce.
Señaló que uno de los principales riesgos de interpretar la ley es que existe la posibilidad “de caer en una excesiva judicialización, o que se sobreinterprete a la Constitución, vulnerando a los otros poderes”. Asimismo, Casarín León dijo que es necesario asignarle mayores cualidades a la Constitución no sólo como norma jurídicamente válida, sino con absoluta vigencia y legitimidad social.
De no ser así, acotó Raúl Olivares Vionet, académico del IIJ de la UV, se corre el riesgo de enfrentar desórdenes, sublevaciones, golpes de Estado y revoluciones: “Es necesario defender a la sociedad, sólo así se podrán evitar ese tipo de situaciones”.
Por su parte, Bertha Alicia Ramírez Arce, académica de la Facultad de Derecho, expresó que a pesar de que las tendencias actuales apuntan a la defensa de los derechos humanos, los esfuerzos por reconducir a las sociedades a la convivencia pacífica y justa son insuficientes.
Empero, aseguró que si en el ámbito del constitucionalismo actual se destacan el papel fundamental de los principios generales del derecho y la adecuada interpretación de la ley, significa que se pueden albergar esperanzas.
“Nos corresponde coadyuvar desde nuestros diferentes quehaceres jurídicos a difundir que el sentido y valor de la ley están en su razón, como una oportunidad de construir mejores expectativas de convivencia social”, concluyó.