• Con este escenario no es posible tener instituciones que garanticen los derechos de los ciudadanos, como la seguridad

Alberto Olvera Rivera, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV.

En México tenemos un Estado de Derecho en formación, con una transición democrática lenta, larga e incompleta, por esa razón no hemos logrado construir las instituciones operativas que garanticen los derechos de ciudadanía y que permitan, entre otras cosas, combatir adecuadamente fenómenos como la delincuencia organizada, señaló Alberto Olvera Rivera del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), durante su participación en el Foro Seguridad con Legalidad.

“Creo que es imprescindible, cuando hablamos de corrupción, entender por qué en una nación como la nuestra la corrupción es una práctica generalizada y común, con un anclaje histórico y tolerancia cultural extraordinarias”, expresó el académico e investigador universitario.

Posteriormente, se remontó a la época de la Colonia, pues consideró que la corrupción “es un fenómeno constitutivo de la vida política en México y una característica fundacional del Estado mexicano”.

Expresó que desde la Colonia, la Corona Española privatizó funciones estatales básicas, es decir, atribuía a individuos privados funciones estatales, dada su imposibilidad práctica para controlar el territorio y la población en sus nuevas posesiones.

“Esto es una práctica que continuó después de la Independencia. Durante el siglo XIX el Estado mexicano fue extraordinariamente débil, un Estado en construcción permanente, muy inestable que no tenía capacidad alguna para imponer su dominio sobre el territorio nacional. De manera que el Estado funcionó mediante pactos con caciques regionales, quienes como individuos privados asumían funciones estatales”, precisó.

Ya en el siglo XX, aseguró, México tuvo una enorme centralidad del Estado, derivado de una revolución y del “enorme” peso económico que adquirió después de la nacionalización petrolera en 1938.

“Es por eso que los negocios con el Estado se convirtieron en un eje central de la formación del propio empresariado mexicano. De hecho, muchos políticos se convirtieron en empresarios, y tenemos entonces que no sólo es el régimen político, sino la clase empresarial, las que tienen que ver con esta tradición neopatrimonial del Estado mexicano.”

Entiéndase por neopatrimonialismo, que los funcionarios públicos asumen el manejo del Estado como una función privada, es decir, “hay decisiones que toman de manera personal y privada”.

Más adelante subrayó: “En México estamos acostumbrados a pensar en el Estado como un Estado fuerte, un Estado todopoderoso, venimos de una época larguísima, de un presidencialismo todopoderoso, bueno, sí lo era, pero sólo en el sentido del control político y de la toma última de decisiones, pero no era un Estado poderoso en términos institucionales o jurídicos.

”Esta debilidad institucional explica por qué el sistema de justicia en México fue siempre, históricamente, muy frágil, muy inoperante, y esa inoperabilidad  de las instituciones de justicia se expresó incluso materialmente.”

En ese contexto, Olvera mencionó varios ejemplos de instituciones frágiles como los poderes Legislativo y Judicial.

“El Poder Judicial fue históricamente muy débil, muy fragmentado, también carecía de un verdadero servicio civil de carrera. Hemos tenido la conformación de los tribunales superiores de justicia en los estados de una manera altamente discrecional, porque los gobernadores históricamente han nombrado a los magistrados con alguna validación de los congresos, pero ultimadamente sin garantías y exigencias técnicas rigurosas que garantizaran que estos jueces tuviesen una  formación y una experiencia jurídica prolongada.”

Enfatizó la urgencia de aprobar la reforma constitucional de las procuradurías de justicia, la federal y las estatales, pues “se necesitan muchos más recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para poder cumplir su trabajo”.

Asimismo, opinó que en México se ha dado una concentración en el fortalecimiento y profesionalización de las policías, lo cual es indispensable, indudablemente, pero nos hemos olvidado de las procuradurías de justicia, lo cual explica en buena medida el problema masivo de impunidad que todavía se padece en nuestro país.

Finalmente, reiteró que para combatir adecuadamente a la delincuencia organizada, “necesitamos un Estado de Derecho y éste apenas está en formación, es responsabilidad colectiva de todos nosotros empujar su creación y consolidación adecuada, así como exhortar a los gobiernos federal y estatales a concluir un ciclo de reformas de las instituciones de justicia que está largamente pospuesto”.