Funcionarios públicos europeos podrían impedir el cifrado de mensajes de extremo a extremo, una medida que garantiza la seguridad de la información privada.

El nuevo servicio de cifrado de extremo a extremo empleado recientemente por aplicaciones de mensajería escrita como WhatsApp y Telegram, que garantiza la privacidad de los mensajes, llamadas, documentos, imágenes o videos que se comparten a través de estas, al parecer no es del agrado de muchos funcionarios públicos europeos. Según una nota publicada por el diario británico ‘The Independent’, Francia y Alemania presionan a la Unión Europea para que permitan ‘romper el candado’ que las aplicaciones han adoptado.

Con ello, ambos países plantean a la Comisión Europea una reforma que obligue a las operadoras de telecomunicaciones a limitar el cifrado de los mensajes privados de los usuarios. Esta medida permitiría a las fuerzas de seguridad de los gobiernos europeos realizar el seguimiento de los individuos que podrían pertenecer a grupos extremistas o que se encuentren planificando un atentado terrorista. Sin embargo, Bernard Cazeneuve, ministro del Interior de Francia, ha indicado que se espera utilizar esta medida únicamente contra personas que están siendo investigadas.

Una medida legal, no técnica

Sin embargo, varios especialistas aseguran que no sería posible limitar el cifrado de mensajes únicamente para ciertas líneas. Permitir a las autoridades leer los mensajes de los usuarios se convertiría en una medida que afectaría la privacidad de todos los clientes.

De hecho, se trata de un tema muy delicado, ya que prohibir la tecnología de cifrado de los mensajes enviados a través de Internet podría afectar a otras áreas tecnológicas, como la emisión de transacciones bancarias y los pagos electrónicos.

Cazeneuve ha señalado que junto a su homólogo alemán elevarán su solicitud a la Comisión Europea ya en septiembre. «El intercambio de mensajería a través de aplicaciones como Telegram debe ser identificado y utilizado en procedimientos judiciales», declaró el ministro, quien además aseguró que propondrán analizar la adopción de medidas legales que obliguen a las operadoras a eliminar el contenido ilegal y descifrar los mensajes como parte de las investigaciones judiciales.