Por mucho que Mark Zuckerberg se empeñe en decir que su objetivo es lograr que el mundo entero se conecte a la Red y tenga acceso universal a la información y a sus familiares y amigos, el CEO de Facebook sabe bien que esto es una utopía. Internet nunca ha sido una plataforma independiente, global y abierta, y es muy probable que no lo sea nunca.

Ahora además se está extendiendo un fenómeno que imposibilita aún más este escenario: la fragmentación del acceso a Internet por regiones. Los ciudadanos, en función de dónde vivan, tienen una experiencia de usuario diferente y los contenidos también difieren mucho.

Es lo que entre algunos sectores se conoce como splinternet, y creen que acabará poniendo patas arriba la World Wide Web tal y como la conocemos hoy.

¿Y quién está causando este fenómeno? Los gobiernos de muchos países y concretamente sus legislaciones de seguridad, que obligan a las empresas de Internet a cumplir con ellas y adaptarse a sus parámetros para poder ofrecer allí sus productos y servicios. Uno de los casos más recientes lo hemos visto con Apple, que ha eliminado algunas aplicaciones de su App Store china porque el gobierno las considera ilegales.

El splinternet no es nuevo pero se está recrudeciendo en los últimos años. Un momento clave llegó con las revelaciones de Edward Snowden en 2013, con las que demostró que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos había recopilado información de usuarios de empresas como Google, Facebook, Apple o Microsoft, entre otras.

China o EE.UU. tienen fama de regular y limitar las actividades digitales, cada uno a su manera, pero no son ni mucho menos los únicos países que están poniendo en macha políticas restrictivas. Turquía o Brasil, por citar dos ejemplos, obligan a todas las empresas que se asienten allí a respetar sus normas de acceso a la información y los contenidos.

Los gobiernos cada vez se ven más legitimados para actuar de este modo a medida que Internet se ha convertido en altavoz de noticias falsas, mensajes de odio y el extremismo. Quienes apoyan los controles (y en muchos casos la censura) critican la pasividad de las plataformas de Internet, a las que acusan de haberse convertido en el canal por excelencia de terroristas y asociaciones violentas.

Ante la “imposibilidad” alegada por Facebook, Twitter y compañía de controlar todo cuanto se publica y vuelca en ellas, algunos gobiernos se están posicionando como “watchdogs”, esto es, como perros vigilantes que, con la excusa de proteger a sus ciudadanos, quieren controlar los contenidos que consumen vigilando a las compañías que los emiten y difunden.

A mayor intervención mayor fragmentación de la experiencia del usuario por regiones, mayor splinternert y menos apertura. Es el eterno debate entre la libertad de expresión y la seguridad, cuyas consecuencias empiezan a evidenciarse. Pero, ¿a qué precio acallamos las voces violentas?, ¿silenciándolas todas, incluyendo las inocentes?